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El secretario de Gobierno, Matías Quiroz Medina, acusó al obispo Ramón Castro Castro de “mentiroso” y de inmiscuir un activismo religioso en la política de Morelos, por lo que lo instó a sujetarse al artículo 130 constitucional, el cual estipula que los ministros de culto no podrán asociarse con fines políticos, ni realizar proselitismo a favor o en contra de candidato, partido o asociación política alguna.
“Como Poder Ejecutivo, conminamos al obispo a ser respetuoso de la Constitución y a recordar lo que el papa Francisco recomendó a sus sacerdotes: alejarse de la política para recuperar la confianza y la fe en la Iglesia católica, orar por sus gobernantes y sus gobiernos y no enfrentarse con ellos”, puntualizó.
Matías Quiroz dijo en conferencia que el obispo miente cuando declara que los índices delictivos repuntaron en Morelos; también refutó el señalamiento de que en el estado se piden moches a constructoras, así como la acusación de que los diputados y magistrados están vendidos.
Quiroz subrayó que el prelado falta a la verdad en el conflicto de Tepalcingo, donde hay una disputa por las limosnas generadas en la fiesta patronal de ese municipio.
Por esos motivos, el funcionario anunció que buscarán entrevistarse con el nuncio apostólico Franco Coppola, las autoridades de la Conferencia Episcopal y la Secretaría de Gobernación para que “llamen al orden” al obispo de la Diócesis de Cuernavaca.
Relación en conflicto. La hostilidad entre el gobierno estatal y el líder eclesiástico comenzó en mayo de 2016, cuando los legisladores aprobaron la iniciativa del gobernador Graco Ramírez sobre matrimonios entre personas del mismo sexo. El enfrentamiento arreció el miércoles pasado, cuando el obispo reunió a aspirantes a la gubernatura del estado y, de acuerdo con algunos asistentes, se estructuró un plan “antigraco”.
Luego, en entrevista con EL UNIVERSAL, el obispo acusó que el gobierno pide moches de 30% a los empresarios de la construcción.
“Ramón Castro refiere que no hay obra pública en la que no se cobre 30% o 40% de moche... en eso también miente. Actuamos con transparencia y lo avala Hacienda”, afirmó Matías Quiroz y agregó que el Sistema Nacional de Seguridad Pública indica que de 2013 a 2016, de 400 casos de extorsión anual hay 67, lo que significa una reducción de 83%; en secuestro: de 150 casos anuales bajaron a 40, lo que refleja una baja de 73%.
“No tengo inconveniente”. Por su parte, el obispo Ramón Castro afirmó que no tiene inconveniente en que el gobierno estatal lo acuse ante las autoridades eclesiásticas: “Que hagan lo que crean oportuno, yo no tengo inconveniente. No tengo ningún temor, yo he hablado con la verdad”.
—¿Y sus pruebas para decir que el gobierno pide moches?
—No las tengo, pero el desvío de recursos y los moches están a la orden del día. Es un secreto a voces.
—Dicen las autoridades que miente respecto a la incidencia delictiva...
—Las estadísticas de gobierno no son las estadísticas de la vida cotidiana. Ya había advertido que vendría repercusión. Está uno preparado.
Polémica en Tepalcingo. Matías Quiroz sostuvo que el obispo también miente en el conflicto del municipio de Tepalcingo, donde el prelado acusa que los mayordomos rompieron el acuerdo signado entre ambas partes para dividir las limosnas entre la iglesia y los organizadores de la fiesta en honor al Señor del Nazareno.
Habitantes de Tepalcingo que conocen el acuerdo signado, ante representantes de la Secretaría de Gobernación en febrero pasado, afirman que el obispo violó el convenio porque aunque aceptó regresar la sede parroquial al Santuario de Tepalcingo, no lo hizo y tampoco reconoce a los sacerdotes contratados para las festividades.
El acuerdo tiene un anexo con copias de denuncias presentadas por los habitantes ante la PGR por el robo del arte sacro en esa iglesia.
Estas querellas existen desde julio de 2015, cuando el obispo y dos sacerdotes fueron denunciados ante la PGR por los delitos de robo y sustracción de arte sacro, entre ellos una pieza de oro con incrustaciones de esmeraldas y rubíes, con una altura de un metro y un peso superior a los 10 kilos, según reveló entonces Jesús de la Rosa Cortés, vocero del grupo inconforme.
