El inicio de los trabajos de exhumación de los cuerpos sepultados de forma irregular en la fosa de Jojutla, al sur del estado, comenzó con una discrepancia en la cantidad de cadáveres colocados en ese sitio. La Fiscalía maneja 35 cuerpos y un acta de Cabildo refiere 38.
Los cuerpos corresponden a personas victimados por la violencia entre 2013 y 2014 y después de permanecer en calidad de desconocidos en los frigoríficos de la Fiscalía General del Estado, fueron sepultados en esa fosa del panteón municipal de Jojutla.
Al respecto el fiscal general del estado Javier Pérez Durón pidió "esperar el resultado de la diligencia para saber qué nos vamos a encontrar, no sabemos cómo están las cosas", excusó.
María y Amalia Hernández, madre y tía de Oliver Wenceslao, el caso emblemático que permitió localizar y abrir dos fosas en la comunidad indígena de Tetelcingo, Cuautla, con 119 cadáveres, reconocieron el trabajo de las instituciones tanto federales como estatales, que colaboran en
la exhumación.
A Oliver, un comerciante de la zona oriente del estado, lo secuestraron y mataron; su cuerpo fue localizado semanas después. Sus familiares reconocieron el cadáver pero las autoridades nunca se los entregaron, y mediante sus investigaciones personales supieron que el cuerpo fue arrojado en una fosa clandestina en marzo de 2014. Dos años después, en mayo de 2016, todos los cuerpos fueron exhumados y colocados en
un panteón de Cuautla.
"Reconocemos el trabajo de la Fiscalía, que ha hecho el proceso de Tetelcingo con transparencia, gracias ello se logró la identificación de cuatro cuerpos que ya están con sus familiares", dijo Amalia Hernández. En tanto, su hermana María persistió en regresar a las víctimas con sus familias.
"Esperamos que esto siga así, estamos aquí para verificar, para que salga la verdad, de regresarles su identidad”, dijo.
En contraparte el rector de la Universidad Autónoma del estado de Morelos, Alejandro Vera Jiménez, lamentó que el gobernador Graco Ramírez no haya ofrecido disculpas públicas, como se pidió en la recomendación emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
"La apertura de estas fosas es producto de la presión social de los familiares de víctimas y no del Ejecutivo estatal como se ha hecho creer. Al contrario, ellos son los responsables de estos procesos irregulares porque no hay que olvidar que estas fosas se abrieron en la actual administración perredista", acusó.
Asimismo, lamentó que la Fiscalía tampoco haya iniciado los procesos de investigación en contra de 42 funcionarios implicados sólo en el caso de Tetelcingo, a lo que el fiscal declaró, "no voy a formarle imputación a un fontanero, a un trabajador que solo recibió instrucciones o por no acomodar un cuerpo"; sin embargo, tampoco dijo sobre quiénes pesan los procesos iniciados.
En la apertura de las fosas de Jojutla participan la Fiscalía General del Estado, la Policía de Investigación Científica, PGR, la UAEM, familiares de víctimas, la organización civil Red de Eslabones y las comisiones de Atención a Víctimas, estatal y Nacional.
El proceso de exhumación inició alrededor de las 8:00 horas con la presencia de unos 30 peritos, forenses, arqueólogos, criminalistas, en fotografía y médicos legistas, con la limpieza del lugar y la delimitación del perímetro para iniciar más tarde con las excavaciones
cfe