El pleno del Congreso de Veracruz finalmente autorizó al gobernador Miguel Ángel Yunes la reestructuración de la deuda pública que heredó de los últimos tres mandatarios priístas y que asciende a los 46 mil millones de pesos. Con 38 votos a favor, 12 en contra (Morena) y cero abstenciones, los legisladores dieron luz verde para renegociar los 21 contratos bancarios y bursátiles que ahogan las finanzas estatales.
De acuerdo con el Registro Público Único de Financiamientos y Obligaciones de Entidades Federativas y Municipios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, al 31 de diciembre de 2016, Veracruz tiene 21 obligaciones financieras constitutivas de deuda pública que reportan saldo por la cantidad de 41 mil 529 millones de pesos.
Adicionalmente, el registro tiene inscritas otras siete operaciones que implican compromisos contractuales por 6 mil millones de pesos.
El voto de los legisladores se destrabó luego de que la secretaria de Finanzas y Planeación, Clementina Guerrero García, acudió al Congreso a explicar las condiciones de contratación de este esquema. El coordinador de la bancada de Morena, Amado Cruz Malpica, afirmó que votaron en contra porque el dictamen es “esencialmente” el mismo. Lo que cambió, dijo, no fue el dictamen, sino la oposición del PRI.
