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Arranca proceso para fiscalía de desaparecidos en Jalisco

Búsqueda, investigación y análisis, los ejes; iniciativa va al Congreso para su aprobación

Según un recuento de EL UNIVERSAL, en una década (2006-2016) se duplicaron los reportes de personas desaparecidas en el estado (ARCHIVO EL UNIVERSAL)
15/03/2017 |03:50Raúl Torres / Corresponsal |
Redacción El Universal
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estados@eluniversal.com.mx

La fiscalía de Jalisco presentará ante el Congreso del estado una iniciativa para la creación de la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas, que estará conformada por una Coordinación de Atención Ciudadana y tres direcciones generales: de Búsqueda de Personas Desaparecidas, de Investigación de Personas Desaparecidas y de Análisis y Contexto.

Después de que EL UNIVERSAL publicó que en un periodo de 10 años (2006-2016) los reportes de personas desaparecidas en el estado se duplicaron (pasaron de 987 a mil 950), el fiscal general Eduardo Almaguer Ramírez indicó que se buscaba crear un organismo especial para buscar a personas desaparecidas y dar respuesta a los familiares con mayor rapidez y claridad.

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Así, la propuesta que se turnará al Poder Legislativo establece que a través de la Coordinación de Atención Ciudadana, la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas mantendrá contacto permanente con los familiares de las víctimas para garantizar su acceso a las acciones de búsqueda, al almacenamiento de los perfiles genéticos que aporten y la oportuna información sobre el plan de investigación y estrategia para llegar a la verdad de los hechos.

Además, a través de esta coordinación se busca generar los mecanismos necesarios para no revictimizar a los familiares de personas desaparecidas o lastimar su dignidad.

En el documento que se entregará al Congreso se detalla que, tras generarse un reporte, la Dirección de Búsqueda de Personas Desaparecidas de la Fiscalía Especializada emprenderá de forma inmediata acciones para encontrar con vida al desaparecido o buscarlo en fosas clandestinas, para lo que se implementará un Plan de Búsqueda en el Estado, cuyos lineamientos serán con base en el protocolo homologado para la búsqueda de personas desaparecidas y la investigación del delito de desaparición forzada, aprobados en 2013 por el Congreso del estado.

Esta dirección también implementará y actualizará el registro y la centralización de datos e información de los expedientes de personas desaparecidas en un sistema de archivo electrónico y de información que será instalado en todos los Distritos Judiciales del Estado.

En tanto, la Dirección de Análisis y Contexto funcionará como una herramienta especializada en la recolección, sistematización y análisis de la información y datos de inteligencia sobre los crímenes y el escenario en que ocurren.

“En esta dirección se elaboran informes que incorporan a la investigación elementos de marco teórico, como el análisis del contexto, los patrones de crimen, las prácticas y modus operandi, la asociación de casos del mismo espectro, los enfoques diferenciales que se requieran, como edad, género, raza, etnia, orientación sexual y situación de discapacidad, así como los perfiles de los victimarios” detalla la propuesta.

Con este tipo de análisis la fiscalía especializada buscará verificar en cada caso la existencia de estructuras de crimen organizado, de criminalidad común o la eventual intervención de servidores públicos.

“Problemática nacional”. Al exponer las ventajas de la creación de esta fiscalía, la propuesta señala que al utilizar una metodología diferente de investigación y búsqueda de personas, Jalisco será la única entidad del país que “propone de manera clara el ejemplo para solucionar una problemática nacional”.

Además, para dar seguimiento a los resultados de la nueva dependencia se trabajará de manera coordinada con las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

En entrevista con EL UNIVERSAL, el fiscal Almaguer indicó que esta iniciativa cuenta con el aval del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Jan Jarab, y tras trabajar una primera versión en enero pasado se hicieron ajustes para que el Poder Ejecutivo la remita al Congreso local.