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A tres años y medio del accidente en el festival Aeroshow que dejó un saldo de nueve personas sin vida y decenas de lesionados, el ayuntamiento de esta capital finalmente ofreció una disculpa pública y anunció un fondo de 70 millones de pesos para indemnizar a los deudos de los fallecidos y atender las necesidades de quienes resultaron heridos.
La alcaldesa María Eugenia Campos, de extracción panista, reconoció que ni la administración priísta que gobernaba la ciudad cuando ocurrió la tragedia ni la que le siguió asumieron su responsabilidad sobre lo ocurrido, es decir, no atendieron de forma adecuada a las víctimas.
Tarde trágica. El 6 de octubre de 2013, mientras se realizaba un espectáculo de demolición de autos chatarra, el conductor de una camioneta “monstruo” perdió el control del volante y se impactó contra una sección de los espectadores. En el sitio sólo había una pequeña valla de seguridad que la camioneta modificada derribó sin problemas.
Nueve personas fallecieron esa tarde en la presa El Rejón y al menos unas 100 resultaron lesionadas cuando la monster truck roja de cuatro toneladas arrolló al público que admiraba el espectáculo denominado Extremo Aeroshow , que fue organizado por la presidencia municipal. De los heridos, 65 personas fueron hospitalizadas, incluidos 20 menores de entre uno y 14 años.
“El 5 de octubre es una fecha sumamente dolorosa para nuestra comunidad, es también un ejemplo, triste, de cómo la actuación y el descuido de funcionarios y gobierno puede llegar a ocasionar el dolor humano al que me he referido”, puntualizó la alcaldesa.
Campos Galván destacó que lo más lamentable de esa tragedia es que se pudo evitar, ya que estuvo en manos de la autoridad haber previsto y corregido muchos de los errores y negligencias que fueron la causa directa de los hechos.
Para subsanar esas fallas, el actual ayuntamiento dio a conocer que se aprobaron cinco convenios para establecer la indemnización correspondiente al fallecimiento de seis personas, de cinco familias y que representan la pérdida de hombres, mujeres, niños y niñas; además de otros cinco convenios para establecer la indemnización por los daños personales, físicos y psicológicos ocasionados a 16 personas.
Se indicó que siguen las pláticas con las familias del resto de las víctimas mortales y algunos de los lesionados, con quienes esperan llegar a un acuerdo en breve.
Tras el accidente, fueron seis los acusados penalmente por lo ocurrido; sin embargo, el chófer de la camioneta Monster, Francisco Velázquez, es el único que ha enfrentado cárcel y cumple una condena de cinco años, que termina el año próximo. Los otros señalados son tres funcionarios públicos y los socios de la empresa que montó el espectáculo, contratada por el municipio. Todos enfrentan el proceso en libertad y no se ha dictado sentencia en su contra.
Se trata de Guillermo Ávila , ex subdirector de Protección Civil; José Manuel Domínguez Castillo, ex coordinador de Protección Civil; Luis Felipe Valdez Caraveo, director de la asociación civil Espectáculos Extremos del Municipio de Chihuahua, y Eliot Gerardo Castillo Hernández, representante legal de Demolition Show. Adicionalmente, al entonces titular de Gobernación, Javier Torres, se le dictó auto de formal prisión, pero el proceso legal nunca culminó.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió en 2014 una recomendación en la que pedía se fincarán cargos penales a todos los involucrados; sin embargo, no fue acatada en ese momento por el gobierno de César Duarte.
