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El Congreso de Nuevo León aprobó en segunda vuelta una reforma constitucional para establecer el Sistema Estatal Anticorrupción, que contempla la creación de un fiscal general del Estado, que hará las veces del actual procurador de Justicia; un fiscal especializado en Combate a la Corrupción; un fiscal especializado en delitos electorales y una Sala Especializada en Materia de Responsabilidades Administrativas dentro del Tribunal de Justicia Administrativa.
El dictamen que contempla modificaciones a 21 artículos de la Constitución Política del Estado fue votada a en lo general por 36 votos y una abstención, mientras en lo particular, fueron rechazados cambios a los artículos 63, 87 y 109, por 26 votos en contra, nueve a favor y tres abstenciones.
La próxima semana se iniciarán mesas de trabajo para la construcción de la ley que crea el sistema y se procederá a la integración del comité de selección que a su vez nombrará al comité de participación ciudadana.
Así se iniciará el proceso para lanzar convocatorias para el registro y selección de aspirantes a encabezar las tres fiscalías y la magistratura especializada en responsabilidades administrativas, dijo el coordinador de la bancada panista, Arturo Salinas.
Además, se le dieron a la Auditoría Superior del Estado más facultades para investigar y sancionar actos de corrupción.
