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El gobierno de Chiapas ofreció disculpas públicas a un grupo de 25 ex reos integrantes del Movimiento Campesino Regional Independiente, Coordinadora Nacional Plan de Ayala-Movimiento Nacional (Mocri), incluido su dirigente estatal,Francisco Jiménez Pablo, por violaciones a sus derechos fundamentales, en cumplimiento de dos recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
El acto de desagravio público y reparación de daños fue encabezado por el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa Cifrián; el secretario general de Gobierno de Chiapas, Juan Carlos Gómez, y el titular del Poder Judicial de la entidad, Rutilio Escandón Cadenas.
Gómez Aranda señaló que el gobierno del estado ofreció una disculpa pública a las víctimas por hechos ocurridos el 7 de abril y 4 de julio de 2010 –durante el gobierno de Juan Sabines Guerrero (2006-2012) y actual cónsul de México en Orlando, Florida–.
Las víctimas además de Jiménez Pablo, son Elvia Pérez Balboa, Marbel Zunún López, Juan Jiménez López, Tereso Morales Roblero, Daniel Vázquez Mendoz, Luis Alpuche Reyes, Juan López Roblero, Simón Jiménez López, Francisco Aguilar Gómez , Everneo Velázquez Agustín. Miguel Luna Hernández, Priscilo Morales.
Francisco Luna Hernández, Pedro Raymundo Silva, Daniel Roblero Bartolón, Eliezer Hernández Luna, Roberto Ramírez Roblero, Calixto Roblero, Roblero, Arturo Jiménez Mendoza, entre otros.
El dirigente Jiménez Pablo dijo que el desagravio público del gobierno debe ser un punto de partida para corregir la vulneración de sus derechos humanos y de sus compañeros, que fueron vejados, torturados y encarcelados de manera injusta y perversamente planeada”.
Por ello expresó preocupación que en el acto no estuviera el actual procurador general de justicia, Raciel López Salazar, ya que esa dependencia realizó su “detención arbitraria”, le fincó dos procesos acusatorios y “ fue el primero que se enteró del trato cruel e inhumano a mis 24 compañeros y compañeros”.
Pero hasta hoy, enfatizó, no se sabe de ninguna investigación en contra de “ los perpetradores de esos hechos”, por tanto, la disculpa pública debe ser de reconocimiento de responsabilidad, y de satisfacción a las víctimas y sus familiares, mediante el restablecimiento de su dignidad, así como debe también servir de garantía de no repetición del agravio.
Durante la ceremonia realizada en un salón de la Secretaría General de Gobierno los ofendidos lanzaron consignas. “¡Presos políticos, libertad, libertad!”, “¿Qué quieren los presos políticos? ¡Libertad!”, “Qué quieren los desaparecidos? Que sean presentados!”.
El subsecretario Campa Cifrián dijo que la CNDH evidenció transgresiones a los derechos, a la libertad personal, al trato digno y a la seguridad jurídica de los agraviados.
Indicó que Jiménez Pablo estuvo en la cárcel más de tres años, producto de “estas violaciones”. La responsabilidad de tales violaciones correspondió a la Policía Estatal Preventiva a la Policía de Caminos, de Turismo, como también a la Policía Fronteriza, a la Policía Especializada y de Servicios Periciales y a la Procuraduría General de Justicia, enlistó.
El funcionario federal precisó que la recomendación del organismo defensor instruyó reparar el daño y un conjunto de acciones, de programas para garantizar que hechos como “éste no se repitan”.
Estamos (aquí), dijo, porque se violó la ley contra personas determinadas y esas violaciones fueron acreditadas por la CNDH.“Nadie tiene razón cuando se transgrede el derecho de los demás, mucho menos la autoridad. Por eso son tan graves esos delitos(…) porque se trata de violaciones a derechos humanos”, puntualizó.
lrs
