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Veracruz.— Arturo Bermúdez Zurita, ex secretario de Seguridad Pública de Veracruz y hombre cercano a Javier Duarte, permanecerá en prisión preventiva por un periodo de ocho meses, acusado del presunto delito de enriquecimiento ilícito, por determinación del juez de control.
La magistrada Verónica Portilla Suazo dictó auto de vinculación a proceso al ex funcionario y determinó como medida cautelar la prisión preventiva por ocho meses.
Previo a la decisión, durante la audiencia de alegatos, el Ministerio Público aseguró que en cinco años el patrimonio del ex jefe policiaco del estado se incrementó en 31 millones 886 mil 80 pesos. Detalló que la fortuna de Bermúdez asciende a 64 millones 733 mil 506 pesos en bienes y 13 millones de pesos en salarios asimilados, lo que no concuerda con sus ingresos.
En su defensa, Bermúdez dijo que su padre y abuelo le heredaron viviendas que hipotecó para adquirir propiedades en el extranjero y dedicarse a los bienes raíces. Aseguró poseer concesiones desde 1987 que se convirtieron en franquicias.
A pesar de ello, la magistrada lo vinculó a proceso y le dictó prisión preventiva. Verónica Portilla Suazo es la misma que dictó prisión preventiva por cuatro meses en contra del ex director del Régimen Estatal de Protección Social en Salud, en el gobierno de Javier Duarte de Ochoa, Leonel Bustos Solís, quien una semana después logró la libertad al determinarse que el delito por el cual es señalado no era grave. La defensa de Bermúdez Zurita anunció que impugnará la decisión de prisión preventiva, puesto que “de acuerdo con el nuevo sistema de justicia, el delito de enriquecimiento ilícito no está dentro del catálogo de crímenes graves, por lo cual debe enfrentar el proceso en libertad”.
Bermúdez Zurita fue detenido la mañana del viernes e internado en el penal de Pacho Viejo acusado del presunto delito de enriquecimiento ilícito; fue arrestado cuando acudió a juzgados de Pacho Viejo, asentados a 15 kilómetros de la ciudad de Xalapa, a una audiencia de un proceso que se le sigue por los delitos de tráfico de influencias y abuso de autoridad.
Elementos de la Policía Ministerial, bajo el mando del fiscal Jorge Winckler, le notificaron que existía una orden de aprehensión en su contra derivada del proceso penal 13/2017 y de la carpeta de investigación número FGE/FIM/C.I/068/2017/XII.
