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Sin tener idea de cómo reconstruir su vida, Noé Serrano León, de 50 años, originario del Estado de México, fue deportado el 7 de febrero. “Me obligaron a firmar mi salida voluntaria, no tuve ayuda del consulado de Tucson, estuve preso cuatro años en la cárcel de Eloy, Arizona”, comenta.
Narra que fue detenido por agentes de la Harbor Patrol —policía estadounidense especializada en puertos— cuando iba a su trabajo; tenía 30 años residiendo en el vecino país, está casado y tiene dos hijos.
Cuando fue aprehendido, añade Noe, los agentes realizaban una revisión general; no está acusado por ningún delito.
Cuenta que desde enero de 2013, no ha tenido contacto con su familia que vive en Phoenix, porque no se lo permitieron y tampoco tuvo oportunidad de tener un abogado.
El hombre comenta que el consulado no lo apoyó cuando pidió que se le enlazara con alguna organización para pagar su fianza, que era de 3 mil dólares.
Antes de su deportación solicitó un acta de nacimiento y una credencial de identidad y la respuesta fue que debía pedirla personalmente, pero no podía salir de la cárcel para hacerlo.
Al ser deportado en migración le dieron una carta que sólo le sirve para ser asistido en el comedor de la Iniciativa Kino para la Frontera y el albergue San Juan Bosco. “El gobierno no nos ayuda, somos mexicanos, y quiero trabajar”, enfatiza.
