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El Tribunal Electoral de Veracruz revocó la decisión del PRI de expulsar de sus filas al ex secretario de Seguridad Pública del gobierno de Javier Duarte de Ochoa, Arturo Bermúdez Zurita, quien enfrenta un proceso penal por los presuntos delitos de tráfico de influencias y abuso de autoridad.
Los magistrados de dicho órgano jurisdiccional ordenaron a la Comisión Nacional de Justicia Partidaria del PRI reponer el proceso y, sobre todo, verificar si el ex funcionario duartista efectivamente es militante de ese partido.
Y es que resolvieron el Juicio para la Protección de los Derechos Político Electorales que presentó Bermúdez Zurita en contra de la Resolución de fecha 16 de diciembre del 2016 de la Comisión Nacional de Justicia Partidaria del Partido Revolucionario Institucional.
Fue en el expediente CNJP-PS-VER-321/2016 mediante el cual el PRI determinó la expulsión del ex funcionario de sus filas, sin embargo todo parece indicar que Bermúdez no es militante del tricolor.
Los magistrados determinaron revocar la resolución recaída al procedimiento sancionador CNJP-PS-VER-321/2016, instaurado en contra de Arturo Bermúdez Zurita .
Y se ordenó la reposición del procedimiento sancionador, para el efecto de que la responsable nuevamente analice y en su caso acredite fehacientemente si el actor resulta ser militante del partido o no.
"Esto es, de ser necesario deberá recabar mayores elementos de prueba, que en su caso permitan justificar la existencia e identificación del documento que evidencie que en su momento existió una manifestación de voluntad expresa del actor para ser reconocido públicamente como militante del partido", determinaron los magistrados.
Se otorgó al PRI un plazo de diez días hábiles contados a partir del día siguiente a la notificación de esta resolución, para cumplir con el resolutivo e informar al Tribunal Electoral en las veinticuatro horas siguientes.
En noviembre del año pasado, un Juez de Control declaró como imputado al ex Secretario de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez Zurita, le impuso una garantía económica de un millón de pesos y le prohibió salir del país.
A Bermúdez se le acusó de los delitos de tráfico de influencias y abuso de autoridad.
El ex funcionario es señalado de autorizar indebidamente la prestación de servicios para la Secretaría de Seguridad Pública y aprovechar su relación empresarial y de amistad con Roberto Esquivel.
spb
