El secretario de la Gestión Pública, Rafael del Pozo Dergal, presentará la próxima semana un nuevo paquete de al menos 14 denuncias penales ante la PGR y la Fiscalía General de Quintana Roo por presuntos malos manejos de los recursos públicos en la administración del ex gobernador, Roberto Borge Angulo.
En ese paquete de denuncias incluirán el Auditorio del Bienestar construido en Cancún que tuvo un costo de más de 245 millones de pesos.
Aunque no quiso dar muchos detalles de este nueve paquete de demandas penales, para preservar la secrecía que el caso requiere, sí habló de que serán en contra de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi), el Sistema Quintanarroense de Comunicación Social (SQCS), Secretaría de Desarrollo Agropecuario Rural e Indígena (Sedaru), Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA), Secretaría de Infraestructura y Transporte (Sintra), la Consejería Jurídica y VIPS-Saesa.
“En estos nuevos expedientes están implicados los ex titulares de las dependencias y otras autoridades, hay una corresponsabilidad, hay manejo de recursos públicos para pagos de algunos conceptos que no están debidamente acreditados, no puedo decir más”, comentó.
Del Pozo Dergal indicó que tan sólo en la Sedaru han identificado el “uso indebido de recursos por mil millones de pesos, los cuales han sido detectados en las revisiones a programas de supuestos apoyos al sector, hay presunciones y se van a presentar las denuncias”.
El funcionario afirmó que en estas nuevas demandas penales se incluirá el Auditorio del Bienestar de Cancún –obra emblemática de la pasada administración-, por presuntos sobre costos y porque está comprometida la seguridad del inmueble.
“Existen peritajes que indican que no hay problemas en la construcción, pero en la revisión del expediente encontramos sobre costos y la seguridad del inmueble sí está comprometida, por temas de protección civil, por lo que estamos haciendo otros peritajes”, explicó. Del Pozo Dergal indicó que han comparecido ex funcionarios de la pasada administración de diversas instituciones, pero se negó a revelar sus nombres por lo delicado de las investigaciones.
Respecto a que si ha recibido amenazas, como denunció en días pasados la Secretaria del Trabajo y Previsión Social, Catalina Portillo Navarro, precisó “mi trabajo implica riesgos, eso lo entiendo perfectamente, lo asumo como es y no hay ninguna amenaza que nos haga claudicar o cambiar el trabajo que estamos haciendo, lo voy a dejar ahí”.
Confirmó que cuenta con la seguridad normal, que trae consigo dos escoltas. En noviembre de 2016, el gobierno de Quintana Roo presentó una demanda penal ante la PGR y la Fiscalía del Estado por la venta irregular de 9 mil 500 hectáreas de la reserva territorial de la entidad.
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