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En agosto de 2015 llegó a la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ) como un hombre. Viajó de Colombia, su país natal, para terminar sus estudios de posgrado en Ciencias Sociales. Ha mantenido un promedio de 9.2, pero —asegura— dado que en 2016 inició su transición de género, se le ha impedido inscribirse y cursar el último semestre.
Camila Jiménez, de 24 años, pidió apoyo jurídico a la asociación Caribe Afirma, que se ha convertido en su representante legal; ha solicitado la intervención del Consulado de Colombia, así como del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), además de que se abrió una petición a través de la plataforma change.org con el título: “Dejen que Camila termine la maestría”, la cual lleva más de 2 mil 700 firmas.
Menciona que es la primera vez que se le impide estudiar, pues refiere que cursó la especialización en Pedagogía e Investigación en la Universidad de la Sabana, en Bogotá; y el pregrado en Comunicación Social y Periodismo en la Universidad del Norte en Barranquilla, con buenas notas, y en ambas se destacó por su activismo hacia la población LGBTTTI.
En entrevista con EL UNIVERSAL, Camila relata que llegó a Zacatecas becada por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt). En ese semestre se presentó en la universidad con su género masculino, pero como mucho tiempo atrás se identificaba con el femenino, en 2016 decidió iniciar el proceso transgénero.
Al asumirse, física y sicológicamente, como mujer, comenzó a utilizar el baño de las mujeres en las escuelas y lugares públicos. Tuvo claro que por ser transgénero sería riesgoso entrar a los sanitarios de hombres.
Pese a dicha determinación, Camila precisa que no ha pretendido alterar su nombre en cuestión jurídica y legal, ya que eso implicaría una serie de cambios con su documentación, como su acta de nacimiento, pasaporte, visa y documentos académicos.
Ante la sociedad es mujer y ya no utiliza su nombre masculino, además de que su intimidad y confidencialidad también está amparada por la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación.
Asegura que la beca de manutención que le otorga el Conacyt también está en riesgo, aunque asegura que si se le quita, acepta concluir sus estudios con sus propios recursos.
Insiste en que todo esto se trata de una discriminación de las autoridades universitarias contra ella por su condición de género.
Interviene consulado. Camila narra que intentó reinscribirse a distancia desde el 26 de enero, ya que estaba en Colombia debido a que enfermó de varicela. No lo logró y optó por informar de su situación al rector Antonio Guzmán Fernández y al secretario general de rectoría de la UAZ, Rubén Ibarra Reyes, a quienes les giró escritos vía electrónica y por celular con fechas del 26 de enero. Sin embargo, no tuvo respuesta.
Regresó a Zacatecas y al no permitirle inscribirse solicitó la intervención del Consulado de Colombia.
Dice que la UAZ emitió una respuesta con argumentos que son “mentira y datos sin fundamentos”. Comenta que en un escrito firmado por Rubén Ibarra, director de la Unidad Académica de Ciencias Sociales, dirigido al vicecónsul de Colombia en Guadalajara, se emiten juicios “fuera de realidad” al llamarla “irrespetuosa” con las instancias migratorias, al grado de que, incluso, puede perder su estancia en México.
También la UAZ le informa al consulado que Camila es una persona “incumplida”, y esa fue la razón por la que no procedió la reinscripción.
Para la colombiana simplemente se trata de conductas discriminatorias porque sólo son trabas sin ninguna intención de darle respuesta.
Responde UAZ. Ibarra Reyes, secretario general de la UAZ, aclaró que “en la universidad no hay ninguna exclusión de ningún tipo contra nadie.
“Aquí toda persona tiene las puertas abiertas, sin importar sus creencias, religión, condición social, ni mucho menos sus preferencias sexuales”, aseguró el funcionario.
Por tanto, dice que lo que importa de un alumno es el rendimiento académico, pero también la disciplina, al argumentar que se deben cumplir las normatividades que establecen los reglamentos que rigen a la UAZ.
En el caso particular de Camila, de quien Rubén Ibarra se refiere como “el alumno”, desconoce que exista una denuncia ante la Conapred.
Sólo reconoce que sí hay una intervención del consulado de Colombia, pero señala que la Unidad Académica de la UAZ ha girado respuesta para explicar que este caso “no se trata de una exclusión, sino de un incumplimiento en los periodos de inscripción y por las ausencias a clases”, al argumentar que “el alumno se presentó dos semanas después”.
