Integrantes de la fracción del PRI del Congreso de Baja California Sur presentaron una iniciativa para modificar y adicionar la Constitución Política del estado que permita la eliminación del fuero a los servidores públicos en el estado.
Durante la sesión de la Diputación Permanente, el diputado Joel Vargas Aguiar indicó que se pretende “acabar con la impunidad con la que actúan ciertos servidores públicos, inclusive cambiando de puesto para no tener que enfrentar las consecuencias de sus acciones”, dijo.
Al dar lectura del documento, señaló que se busca la eliminación del fuero político y con ello el juicio de procedencia que se contempla en el artículo 159 de la Constitución de BCS, toda vez que el propósito de la figura del fuero ha sido “desnaturalizada”, al grado, expresó, de que su reconocimiento ha propiciado casos de impunidad que resultan “indignantes” para la sociedad.
El legislador priísta consideró que esta reforma es “histórica” para BCS y la fracción parlamentaria se encuentra abierta para que se enriquezca con las voces del resto de los diputados que integran la Legislatura.
Manifestó que es necesario que los ciudadanos tengan la certeza de que ya no habrá una clase política privilegiada.
Cabe mencionar que la iniciativa ocurre luego de que ciudadanos organizados integrados en la llamada Asamblea Ciudadana demandaran desde inicios de año, en el contexto del gasolinazo, austeridad, transparencia y rendición de cuentas, y el desafuero. En diversos momentos, manifestantes se han presentado en el Congreso lanzando acusaciones contra los diputados y su actuación.
Apenas ayer un grupo de ciudadanos criticó que los legisladores no hayan informado sobre un plan de austeridad y cuestionaron que diputados de la fracción del PAN y el PRI pretendieran autorizar la concesión de un Centro de Activación física estatal.
Otro de los reclamos es justamente la falta de seguimiento que se le ha dado en el Congreso a las denuncias de juicio político contra ex funcionarios de la administración municipal de La Paz (que concluyó en 2015) y a quienes acusan de expedir ilegalmente permisos de cambio de uso de suelo para que una compañía minera entrara operaciones, situación que se revirtió a raíz de la presión social en Cabildo de La Paz.
afcl