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Fernando Cano Martínez, principal operador financiero del ex gobernador de Tamaulipas Tomás Yarrington Ruvalcaba fue detenido la mañana de ayer cuando salía de un restaurante en el municipio de San Pedro, Nuevo León. Horas después obtuvo su libertad al presentar un amparo vigente contra cualquier orden de detención en México.
En su cuenta de Twitter, Comunicación Social del gobierno estatal informó: “Fernando Alejandro Cano Martínez, detenido hoy [ayer] en NL, queda libre esta noche”.
“Al detectar la presencia policial salió de ahí y fue detenido a varias cuadras del lugar por agentes de la Agencia Estatal de Investigación”, informó el vocero de Seguridad de Nuevo León, Aldo Fasci.
Detalló que la captura se logró por “una investigación conjunta entre el gobierno de Tamaulipas y el de Nuevo León”. Señaló que debido a que hay una solicitud de extradición y una orden de arresto en Estados Unidos, Cano sería puesto a disposición de la Procuraduría General de la República (PGR).
Agregó: “Los delitos de Estados Unidos [por los cuales hay orden de aprehensión de Cano] tienen que ver, hasta donde tengo entendido, por lavado de dinero. Es la misma situación de Tomás Yarrington”.
Fiscales federales de EU solicitaron a México, en marzo de 2014, la detención con fines de extradición de Yarrington Ruvalcaba y pidieron el mismo proceso para Cano Martínez, como probable prestanombres del ex mandatario.
Antecedentes. El empresario constructor es señalado como prestanombres y principal beneficiado en el sexenio del ex gobernador Tomás Yarrington (1999-2004).
Uno de los casos en los que ambos estaban relacionados fue por la venta de mil 600 hectáreas en el puerto industrial de Altamira.
El entonces senador Luis Alonso Mejía presentó una querella por peculado y tráfico de influencias contra Yarrington ante la Procuraduría General de Justicia del Estado.
Según el expediente, las mil 600 hectáreas inicialmente fueron transferidas al Fideicomiso Nuevo Santander, luego se expropió a varios terrenos ejidales en Altamira para la construcción y acceso al puerto, y en julio de 2001 dichas hectáreas fueron entregadas mediante un decreto.
Después, integrantes del comité técnico del fideicomiso aprobaron su venta al empresario Cano Martínez, propietario de Construcciones y Materiales Villa de Aguayo en Altamira, quien también apareció acusado en dicha querella. La compra se hizo por 14 millones de pesos. El terreno se le vendió a 87 centavos cada metro cuadrado.
La PGR ofrece una recompensa de 15 millones de pesos a quien proporcione información que permita la localización y captura de Yarrington Ruvalcaba. Por este mismo motivo fue expulsado del PRI, pero hasta el momento se desconoce su paradero.
