El juicio político que se sigue contra el edil Cuauhtémoc Blanco, por la supuesta violación de los requisitos de elegibilidad para contender como candidato en 2015, está viciado de origen y desde el Congreso de Morelos se vienen cometiendo irregularidades de procedimiento.
Así lo denunció el secretario de Asuntos Jurídicos de Cuernavaca, José de Jesús Guizar Nájera, luego de acudir al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) para entregar documentos que presuntamente acreditan las irregularidades cometidas contra el edil en el desarrollo del juicio político, el cual promovió el constitucionalista Raúl Carrancá y Rivas y fue aceptado por la mayoría de los diputados en diciembre pasado.
El secretario de Asuntos Jurídicos dijo que el Congreso de Morelos y el TSJ no respetan los tiempos procesales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), por eso Cuauhtémoc Blanco se reservó su derecho a declarar.
Guizar Nájera también manifestó que los diputados del Congreso de Morelos dejaron en estado de indefensión al ex futbolista al no darle la apertura de medios probatorios, ya que, dijo, las pruebas supervinientes no se pueden presentar sin antes ofrecer las pruebas ordinarias, por eso, consideró existen varias irregularidades.
“Venimos a hacerle notar al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) las diferentes violaciones al debido proceso, de origen, que realizó el Congreso del estado, éstas deben ser consideradas porque en caso de continuar el procedimiento de esta manera, están violentando el debido proceso”, declaró.
El jueves pasado Blanco fue requerido por el TSJ para que en los próximos tres días hábiles presente las pruebas necesarias en torno al juicio político, luego de que los legisladores del Congreso de Morelos anunciaron que un Tribunal Colegiado revocó la suspensión provisional concedida a Blanco Bravo, por lo que el proceso se reanudó ese mismo día.
Sin embargo, Cuauhtémoc Blanco obtuvo una suspensión definitiva del Juez Primero de Distrito, con sede en Morelos, para que el Tribunal Superior de Justicia del estado se abstenga de resolver en definitiva el procedimiento de Juicio Político que enfrenta desde diciembre pasado por violaciones a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos e incumplir con los requisitos de elegibilidad.
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