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Una juez federal ordenó la reposición del procedimiento del ex gobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina de la Cruz, para que el juez de control realice una nueva audiencia para resolver sobre el embargo precautorio de uno de sus terrenos.
En sentencia de amparo, la juez Quinto de Distrito en materia Penal en el estado de Nuevo León concluyó el expediente número 425/2016 mediante la concesión de la protección federal a Medina de la Cruz por considerar inconstitucional el artículo 212 del Código Procesal Penal de la entidad que prevé la celebración de una audiencia privada para imponer medidas cautelares.
“El referido artículo contraría los derechos de la víctima u ofendido, y es a todas luces opuesta a tales principios del nuevo sistema procesal penal, y que tienen por objeto garantizar que las partes se encuentren en igualdad de oportunidades ante el juez, a efecto de que tanto el Ministerio Público, la víctima u ofendido y el imputado puedan comparecer a defender sus respectivas posiciones e inclusive ofrecer datos de prueba a fin de demostrar aquéllas”, indicó la juez de amparo.
Esto, debido a que el 3 de junio de 2016 el juez de control celebró una audiencia privada dentro de la carpeta judicial en la que la Fiscalía estatal Anticorrupción acusó al ex gobernador de ejercicio indebido de funciones, al permitir que fueran entregados incentivos por 3 mil 600 millones de pesos a la empresa coreana Kia.
En la audiencia estuvo presente el Ministerio Público quien solicitó que se impusiera un embargo precautorio sobre un lote de terreno de agostadero a nombre de Medina de la Cruz ubicado en la Ex Hacienda de Los Anacuitas, Sección Victoria, de General Terán, con una superficie de 36 hectáreas.
Por ello, en su sentencia la juzgadora indicó que la audiencia privada es injustificada y vulnera el principio de contradicción, rector del nuevo sistema penal, que establece la posibilidad a todas las partes, incluyendo el imputado y su defensor, de participar activamente en cualquier etapa del juicio.
De igual modo, la juez negó el amparo al ex gobernador sobre la solicitud que realizó de declarar inconstitucionales los artículos 211 y 213 del Código Penal para Nuevo León.
spb
