Al menos 17 mujeres han sido violentadas físicamente y en sus derechos políticos desde 2014 a enero de este 2017, informó la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca.
El organismo tiene documentados dichos casos, seis de los cuales sucedieron este año, incluyendo el de la presidenta municipal de San Pedro Atoyac, Irma Aguilar Raymundo, quien sufrió amenazas de muerte, por lo cual cuenta con medidas cautelares policiacas.
En 2014, Elisa Zepeda Lagunas -actual alcaldesa de Eloxochitlán de Flores Magón en este trienio- pretendió contender para la presidencia municipal; sin embargo, fue agredida junto con su familia. La entonces autoridad municipal presuntamente atentó en contra de ellos y durante un ataque por parte de policías, ella sufrió diversas lesiones.
En 2015 ocurrieron dos casos, uno de ellos el de Elizabeth Sánchez, a quien perredistas y panistas pretendieron por diversos medios impedir que fungiera como síndica en Tlacolula de Matamoros.
En 2016 se presentaron ocho casos en San Lucas Quiviní, Santa María Apazco, El Camarón, San Carlos Yautepec; San Sebastián Tutla, San Juan Cotzocón, Santiago Lachiguiri, Santa María Yucuiti y San Martín Peras, este último donde presuntamente fue golpeada con una binza o látigo una mujer enfrente del palacio municipal.
La Defensoría de Derechos Humanos tiene registrados este año siete casos, ocurridos en San Juan Bautista Valle Nacional, San Pedro Atoyac, Pinotepa Nacional, San Esteban Atatlahuaca, Santo Domingo Zanatepec y San Juan Bautista Lo de Soto.
Por su parte, funcionarias de la Secretaría de la Mujer del gobierno estatal acudieron este fin de semana al municipio de San Martín Peras, en la región Mixteca del estado, para brindar su respaldo a las mujeres violentadas en sus derechos político-electorales.
En un comunicado, dijo que el gobierno que encabeza Alejandro Murat Hinojosa ha dejado claro “que no tolerará actos de violencia de ningún tipo hacia las mujeres y las niñas”; exhortó tanto a la Fiscalía General del Estado de Oaxaca como al Poder Judicial del Estado para que actúen con celeridad y eficacia y se dicte castigo a los culpables.
Pidió a las instituciones judiciales desplegar medidas que permitan salvaguardar los derechos políticos y electorales de todas las mujeres.
“La administración estatal ha dejado en claro que la impunidad en casos de violencia hacia las mujeres no tiene cabida en la consolidación de una democracia”, expuso.
