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En septiembre de 2013, el gobierno de Coahuila y la Comisión Nacional del Agua (Conagua) pusieron en marcha la obra de canalización del arroyo Ceballos de Saltillo, cuyo objetivo era evitar inundaciones en las zonas colindantes.
Protección Civil estima que más de mil 500 personas del área que comprende 12 colonias habitacionales están en riesgo cuando llueve, ante posibles desgajamientos de la infraestructura y el desbordamiento del agua.
La obra fue un compromiso presidencial de Enrique Peña Nieto y tuvo una inversión de 43 millones de pesos. pero el 27 de junio de 2014 una fuerte lluvia destrozó la obra.
Sin embargo, fue hasta dos años y medio después que arrancaron los trabajos de rehabilitación, sin que hasta el momento hay sanciones por los trabajos de la anterior obra.
EL UNIVERSAL realizó un recorrido por la zona: a la altura de la colonia Los Pinos, sector II y III se observaron las placas destrozadas, levantadas del canal, y arrumbadas como escombro. La infraestructura a esta altura parece un lote baldío, lleno de agua estancada, maleza y concreto arrumbado.
A la altura de la Universidad del Valle de México, cerca de la entrada del plantel, una parte de la carretera se desgajó. En el lugar trabajadores arreglan lo que se supone no tendrían que arreglar. “Aquí era peligroso y se estaba tapando el desagüe”, explicó uno de ellos.
Más adelante, en la calle Tezcaltiploca, el agua destrozó la obra y provocó abras (accidentes geográficos producidos por sismos o por las aguas de un río) en la carretera.
EL UNIVERSAL se percató de dos socavones que obligaron a las autoridades a bloquear la circulación ante el peligro que representa para los automovilistas, mientras que vecinos del lugar aseguraron que las abras “tienen meses sin que nadie resuelva”.
Lo que el agua se llevó. El agua se encargó de auditar los trabajos del arroyo Ceballos. Pero esta auditoría natural no ha arrojado ningún culpable hasta la fecha. Fue un proyecto que, en teoría, sería observado por la Comisión Nacional del Agua, la Secretaría de Infraestructura y Transporte de Coahuila, la Comisión Estatal de Aguas y Saneamiento, así como la Secretaría de Medio Ambiente estatal.
En días pasados, el recién nombrado Secretario de Infraestructura y Transporte de Coahuila, Marco Dávila Montesinos, aceptó que la destrucción de la obra se debió a errores de ingeniería durante la construcción. Precisó que los errores estribaron en errores de cálculo, la colocación del revestimiento y la falta de consideración en las curvas del canal, principalmente.
Según el gobierno estatal, se están llevando a cabo procedimientos legales para el cobro de las fianzas contratadas; no obstante, hasta la fecha no hay un pago por la destrucción de los tapetes de concreto que se instalaron para canalizar el afluente ni hay nadie señalado como responsable.
En su momento, el entonces secretario de Infraestructura y actual diputado federal, Francisco Saracho Navarro, aseguró que las reparaciones no representarían ningún gasto adicional, situación que no se cumplirá, pues en octubre pasado se concluyó la licitación para una nueva remediación.
Los recursos para la nueva obra, cuyos costos aún se desconocen, provendrán del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas; sin embargo, hasta el momento la empresa Grupo Inmobiliario del Bosque, responsable de los primeros trabajos de canalización, aún no responde por la obra fallida.
Dos años sin resolver. Después de que el agua destrozó los 43 millones de pesos de infraestructura, se anunció la rehabilitación de la misma en diferentes etapas. Apenas a finales de diciembre de 2016 iniciaron algunos trabajos sobre el cauce.
En agosto de 2014 se aseguró que especialistas de la Universidad Autónoma de Nuevo León analizarían un nuevo proyecto de canalización. Para diciembre del mismo año la Conagua afirmó que un proyecto estaba casi listo. En agosto de 2015 se volvió a afirmar que se cambiaría de proyecto con lineamientos técnicos de Conagua. Y hasta octubre de este año se anunció una nueva licitación.
A finales del año pasado comenzaron con el retiro de todos los bloques que habían sido tapizados sobre el cauce, y que después de más de dos años sin removerlos se estaban convirtiendo en un foco de infección.
Según la Secretaría de Infraestructura de Coahuila, los trabajos de reparación podrían terminar a finales de 2017, mientras que la fallida obra que se realizó inicialmente sigue impune.
