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A las 8:51 horas del 18 de enero, F sacó una pistola y le disparó a su maestra y a tres compañeros. Después se quitó la vida. Tenía 14 años y cursaba el tercer año de secundaria en un colegio privado de Monterrey, Nuevo León.
Si bien el caso cimbró al país y encendió las alertas, no es un fenómeno aislado. De 2000 a 2015, 38 menores de edad murieron por arma de fuego en planteles escolares, según datos de mortandad del Inegi.
La cifra representa 0.48% de los 7 mil 800 homicidios de niños por arma de fuego registrados en el mismo periodo y quiere decir que, en promedio, cada año dos niños pierden la vida por esa razón en escuelas.
Pero en lo que se refiere a violencia escolar, las agresiones por arma de fuego sólo son parte del problema.
Para el doctor en Ciencias Políticas José del Tronco, investigador de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), la violencia en entornos escolares es resultado de la violencia que se vive en México, y no es algo que apareció de un día a otro, sino el resultado de un problema generalizado con puntos álgidos y con manifestaciones preocupantes, como sucedió en Monterrey.
Los datos le dan la razón. Cifras oficiales indican que el número de menores de edad que murieron a causa de arma de fuego en escuelas e instituciones públicas se disparó en 2010, año identificado como el más violento de la guerra contra el narcotráfico.
Sólo en ese año murieron 12 menores de entre 0 y 17 años; 11 en Chihuahua, precisamente el epicentro de la violencia. En contraparte, de los mil 57 homicidios de menores que se registraron en 2015 en el país, seis ocurrieron en escuelas, pero sólo dos fueron a causa de arma de fuego.
Medidas sin criminalizar. Ante este panorama, Del Tronco cuestiona las acciones de las autoridades luego de lo sucedido en Monterrey, pues considera que son de naturaleza punitiva y que no sólo criminalizan sino que no resuelven la situación de violencia. El principal problema, dice, no es la portación de armas en la escuela, sino la violencia cotidiana, “la cual no se reduce revisando mochilas o con arcos de detección de metales”.
A 13 días de la tragedia, autoridades y escuelas de distintos estados decidieron implementar medidas para protegerse de una situación similar. Protegerse, irónicamente, de los propios alumnos. El abanico de opciones es amplio. Arcos de detección de metales, sistemas de video vigilancia, operativos de revisión y hasta la sustitución de la mochila por un dispositivo USB.
Sólo en Nuevo León, el secretario de Educación, Arturo Estrada Camargo, afirmó que el programa federal Mochila Segura se realizaría durante una semana en las 5 mil 425 escuelas oficiales y en los mil 230 planteles particulares que hay en la entidad. Pero no es el único caso. Al menos 18 estados realizan actualmente el operativo; 12 lo hacían desde el sexenio pasado y seis más se sumaron luego de lo sucedido en Monterrey.
De acuerdo con el especialista, estas medidas no resuelven las microviolencias cotidianas y tienden a generar estigmas en los alumnos: “Todos son sospechosos, no sólo de portar armas sino de su agresividad”.
Del Tronco, quien coordinó un estudio sobre violencia escolar en ocho estados, argumenta que estas decisiones no abonan a convertir a la escuela en un espacio de transformación, mediación o resolución de conflictos y, por el contrario, se convierten en reproductoras de más violencia.
“Mochila Segura no es solución”. La Red por los Derechos de la Infancia de México (Redim) coincide. Para Juan Martín Pérez García, director del organismo no gubernamental, Mochila Segura sólo polariza la violencia y no arroja resultados:
“La Auditoría Superior de la Federación ha señalado que este operativo, que despliega una cantidad importante de recursos públicos, no es eficiente ni corresponde con el gasto”.
Ejemplo de ello, dijo, son los operativos realizados en escuelas de la Ciudad de México, donde se encontraron sólo tres armas en un despliegue de 12 mil policías en 8 mil escuelas.
De acuerdo con la recomendación 21/2015 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), acciones como las revisiones a las mochilas de estudiantes violenta el derecho de éstos a la intimidad, la seguridad jurídica y la no discriminación.
También dejan de lado el principio de presunción de inocencia, pues criminalizan a toda la comunidad estudiantil al suponer que cualquier estudiante puede ocultar un arma en su mochila, convirtiéndose así en un potencial agresor.
Del Tronco subraya que “la escuela es una institución que está bastante rebasada en las dinámicas de violencia social existentes” y no se dispone “ni de conocimientos ni de protocolos para enfrentar y prevenir este tipo de manifestaciones violentas”.
Lo más grave, señala, es que “no hay un espacio donde se esté llevando a cabo una estrategia preventiva, no revisar mochilas sino trabajar con estos niños sobre la manera que resuelven conflictos entre sus pares, con sus superiores; nadie está trabajando en una estrategia de resolución de conflictos. No estamos armados para disuadir al potencial agresor”, afirma.
La CNDH concuerda en la postura. En un comunicado del 24 de enero aseguró que es necesario que las medidas que se adopten consideren la participación de los niños como sujetos de derecho, y que todas las acciones sean determinadas y consensuadas con madres, padres y tutores.
En el documento, el organismo defensor de los derechos humanos señala que las acciones emprendidas por las autoridades no deben atentar contra la dignidad, la vida o la integridad física o mental de los niños.
Y tampoco, indica, deben convertirse en “instrumentos permanentes que obstaculicen el ejercicio pleno de sus derechos, o incentiven la discriminación o estigmatización”. Con información de Teresa Moreno
