Don Miguel Ángel Vazquez cree que el gobierno es capaz de matarlo en su propia casa con tal de sacarlo de su pueblo, Salaverna, en el municipio de Mazapil, Zacatecas. Vive entre los escombros que la operación minera ha dejado en su comunidad; y aunque se carcajea, dice que ésta se puede convertir en una historia más de las tantas de injusticias que tiene México.
A sus 66 años, con los oídos, pulmones y la voz dañados, don Miguel no está dispuesto a entregar nada más a la minería. Lo dice vestido con el uniforme de Tahuaya, empresa filial de Grupo Frisco, propiedad de Carlos Slim, donde trabajó 37 años y con quien tiene un pleito legal para que no lo saquen de la casa, que dice, compró hace más de 30 años.
La mañana del 23 de diciembre policías, elementos de Protección Civil y ministeriales del estado cerraron las entradas y salidas de Salaverna. Acordonaron varias casas y comenzaron a derrumbar la iglesia y la escuela, como lo han hecho con más de 50 inmuebles. La versión de Protección Civil estatal es que los pobladores fueron notificados “pacíficamente sobre el riesgo inminente de derrumbe”, y fueron a ofrecerles una nueva vivienda para su seguridad, así como la mudanza gratuita.
Los cuatro integrantes de la familia Vázquez Samarripa dicen que los policías abrieron su puerta a patadas; que con los trabajadores de la mudanza sacaron sus muebles. Miguel Sánchez, hijo de Don Miguel, cuenta que lo empujaron y golpearon cuando quería regresar de su trabajo, en la mina de Peñasquito.
El mismo día que intentaron desalojar a la familia de don Miguel, la empresa Tayahua se proclamó propietaria de los terrenos en un comunicado difundido por medios locales, en el que señalaba que el pueblo lo ocupaban “de manera ilegal 17 familias”.
Tayahua también informó estar dispuesta a otorgarles la propiedad de una casa en Nuevo Salaverna o indemnizarlos económicamente, pese a la ocupación ilegal que denuncia.
La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) está por definir quién es el verdadero propietario. Los pobladores que resisten contra las minera se apoyan con fotos antiguas y títulos de propiedad cedidos por el ejido local para comprobar su pertenencia.
Según recuerdan los hombres que encabezan el movimiento de resistencia, “fue sospechoso o una trampa” que el mismo día del operativo fueron citados por la delegada estatal de la Sedatu, Fabiola Torres, para hablar sobre sus escrituras de propiedad ejidal. Tuvieron que salir del pueblo desde las cuatro de la mañana.
Don Miguel habla como si lo escuchara el mismo Carlos Slim. “Así como vienen a humillarnos, así lo han hecho en otras partes, por eso está en esas alturas de riqueza” dice a quien consideró su “patrón” hasta hace cuatro años, cuando se pensionó ante las presiones de ser despedido por oponerse a entregar su casa.
Recibe 7 mil pesos mensuales por el daño auditivo y pulmonar que le causó su trabajo en Tayahua. “Quiere que seamos siempre sus esclavos”, se queja. Desde 2010 la minera tiene la concesión para explotar 300 hectáreas a cielo abierto y sacar el cobre con 99.99 de pureza que yace bajo su casa.
Salaverna será un hoyo
“Salaverna significa antesala del infierno”, cuentan sus escasos pobladores. Según la solicitud de explotación de la empresa minera que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) aprobó en 2013 —con vigencia de siete años—, cuando saquen a los últimos habitantes de sus antiguas casas el infierno ya no tendrá antesala: quedará un pozo de 230 metros de profundidad y 40 hectáreas de ancho.
Tahuaya detalló a Semarnat que para obtener 42 toneladas de cobre, que plantean extraer diariamente, utilizarán unas 64 toneladas de ácido sulfúrico altamente corrosivo. La empresa explica que los lixiviados (residuos) que genere serán trasladados en tuberías y contenidos en tres patios rellenos con tepetate: tierra endurecida, desértica. Los residuos “serán abandonados”, en la zona, enterrados. Además, la empresa promete que en 10 años reforestará.
Sobre el riesgo por la contaminación de los acuíferos, argumenta que “ya han sido afectados” por la propia actividad minera y destaca que la zona, todavía habitada, sólo será para su explotación. A menos 10 kilómetros está el municipio de Mazapil, donde habitan 17 mil personas, y el Nuevo Salaverna, donde fueron reubicados los cientos de habitantes desalojados.
Roberto de la Rosa, delegado municipal, llegó a Salaverna hace 10 años. Nació en la sierra de Zacatecas hace 64. Dice que presentaron una denuncia ante la Procuraduría de Justicia del Estado contra quienes resulten responsables de la agresión que sufrieron sus vecinos, mientras ellos protestaban en la capital por el desalojo ilegal de sus tierras.
Marcó su casa con el número uno de la calle Guerrero, la única que alcanzó a tener nomenclatura en la localidad. No está dispuesto a aceptar los 750 mil pesos que le ofrecen por su casa y sus cuatro hectáreas de tierra donde pastorea 115 chivas. Tampoco quiere cambiarlos por “la pequeña casa” que les ofrece la empresa minera en Nueva Salaverna.
Cree que los posibles derrumbes, ocasionados por un supuesto daño geológico, son provocados por la minería que opera a unos metros. Dice que cada cierto tiempo siente cimbrar su casa por las múltiples explosiones. Junto con los pobladores en resistencia entregó un escrito al gobierno estatal en el que notifican como su voluntad permanecer en sus viviendas, pese al riesgo.
“Aquí me enseñé a sembrar; después de que mi mamá me amamantó, quien me siguió dando de comer fue mi tierra”, dice Roberto. “Estaría vendiendo el futuro, la enfermedad y la salud de mis hijos y nietos por haber agarrado una cantidad”, explica sobre su decisión “definitiva”, de no entregar sus tierras y permitir que la minera opere a cielo abierto.
Minería ¿potencia económica en Zacatecas?
Rodolfo García Zamora es investigador en estudios de desarrollo de la Universidad de Zacatecas. Ha denunciado por años que la actividad minera en el estado “es depredadora y viola todo tipo de normas ambientales”.
“Tenemos 470 años sufriendo las consecuencias negativas de la megaminería. Zacatecas sigue siendo un estado caracterizado por la pobreza y por la marginación”, advierte.
Mazapil, el municipio donde la empresa Goldcorp explota Peñasquito —la mina de oro más grande de América—, es uno de los más pobres de México. 60% de sus pobladores mayores de 15 años tienen educación básica incompleta. Miguel, que trabaja en Peñasquito, gana 12 mil pesos al mes por tres semanas de trabajo. Don Miguel ganaba 2 mil pesos semanales, por 12 horas diarias en la mina que ahora está a punto de desaparecer su pueblo, su casa.
En 2014 la minería produjo 47 mil millones de pesos en Zacatecas. Según reportó la Sedatu, de los 444 millones que el estado debió recibir por el Fondo Minero Nacional, apenas se han entregado 130.
El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) señala que de 1.5 millones de zacatecanos, 850 mil son pobres; 300 mil son pobres alimentarios; además, hay 121 mil jóvenes que no estudian ni trabajan. Las remesas, enviadas por unos 600 mil zacatecanos que tuvieron que migrar a Estados Unidos, representan cada año el más importante ingreso estatal: 767 millones de dólares.
Rodolfo García advierte que los costos de la actividad minera son irracionales: 16 de las 42 empresas en la entidad consumen mayor cantidad de agua que el total de la población estatal. Hace unos días, la Semarnat informó “la conclusión parcial de la sequía extrema” que por cinco años arrasó el ganado y agricultura en el estado. El investigador dice que las mineras devastan las poblaciones en las zonas explotadas: los pueblos a los que regresarían más de 100 mil zacatecanos, que estima, podrían ser deportados en 2017.
El Nuevo Salaverna
María de los Ángeles Guevara afirma que la empresa Tayahua los secuestró, hace unos días, cuando intentaron desalojarlos por la fuerza. No le permitieron salir a las terapias de rehabilitación de su esposo, quien hace cuatro meses perdió una mano y una pierna en su trabajo en la mina que ahora los quiere fuera de Salaverna.
Según María, los policías abofetearon a su hijo cuando les pidió a gritos que dejaran salir a su papá. Y con todo su coraje, dice que sólo se opone a entregar su casa porque la minera no ofrece algo justo: “Nos quieren sacar a cambio de nada”.
En Nuevo Salaverna hay una clínica, una escuela y una iglesia. Josefina dice que “se siente a gusto”, pese a que su nueva casa es más chica. Dice estar segura de su propiedad y de sus escrituras “en orden”, pero cuando otra de sus vecinas le advierte de los rumores de haber sido engañados, y que sólo poseen la construcción y no el terreno de su casa, Josefina admite sus temores y suelta, también entre risas, “a mí no me vuelven a sacar de mi casa”.
