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El ex gobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina de la Cruz, abandonó el penal de Topo Chico más de 19 horas después de haber ingresado al mismo reclusorio acusado por los delitos de peculado y daño al patrimonio estatal. El ex mandatario afirmó ante los medios de comunicación que fue injustamente encarcelado.
Aseguró que su fotografía (con el traje que utilizan los presos del reclusorio) se difundió indebidamente, por lo cual analiza presentar una denuncia contra quien resulte responsable. “No he cometido ningún delito, yo no he sido juzgado y declarado culpable; al contrario, fui recluido de manera injusta en ese penal y ahora estamos saliendo libres por la puerta grande”, dijo Medina.
El ex gobernador afirmó que seguirá acudiendo a los citatorios cuantas veces sea requerido por los jueces.
La liberación de Medina de la Cruz se dio tras la orden de un juez federal, ante el incumplimiento de la suspensión provisional que congelaba la orden de detención en su contra.
El Juez Quinto de Distrito en Materia Penal en Nuevo León consideró que el Juez de Control incumplió la suspensión concedida al ex mandatario al ordenar su prisión preventiva y recluirlo en el penal, la madrugada de ayer tras concluir su audiencia, que duró más de 18 horas.
De no liberar al ex gobernador, el Juez de Control, Miguel Ángel Eufracio, se enfrentaba a una multa de 100 a mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), equivalente a una cifra entre 7 mil 549 y 75 mil 490 pesos.
La fiscalía estatal reclama al ex mandatario 3 mil 567 millones de pesos por presunto quebranto al patrimonio del estado, pero al no ser un ilícito considerado grave no merece prisión preventiva.
El subprocurador especializado en combate a la corrupción, Ernesto Canales, dijo que se giraron citatorios a su esposa Greta Salinas y a Humberto Medina, padre del ex mandatario, para recabar informes sobre una investigación que no detalló.
El juez decretó la prisión preventiva al considerar que había riesgo de que el ex gobernador pudiera sustraerse a la acción de la justicia, ya que vive en la Ciudad de México y porque sólo posee un rancho de 3.2 millones de pesos a su nombre, insuficiente para cubrir un daño al erario que se concretó en estímulos indebidos a la empresa KIA.
