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Chihuahua.— El ex gobernador del estado, Cesar Duarte Jáquez, intenta frenar por la vía legal las investigaciones en su contra por enriquecimiento ilícito y peculado.
A pesar de haber señalado en reiteradas ocasiones que las acusaciones son falsas, su abogado interpuso un juicio de amparo para evitar que se reabra la carpeta de investigación que fue cerrada cuando todavía era jefe del Ejecutivo estatal.
De manera simultánea, el ex secretario de Hacienda Jaime Herrera Corral interpuso el mismo recurso de defensa, ya que enfrenta iguales acusaciones. De acuerdo con información del Consejo de la Judicatura Federal, ambos interpusieron el recurso el pasado 4 de enero, sin embargo, un día después les fue negado por el juez.
Sin embargo, el pasado día 17 presentaron una queja sobre dicha resolución y el 19 les fue aceptado el amparo, el cual no ha sido resuelto ya que el juez pidió al defensor ampliar algunos de los argumentos. En próximos días se determinará si se concede la suspensión.
Indagatorias. En la Fiscalía estatal se interpusieron denuncias contra los entonces funcionarios debido a que Duarte Jáquez depositó en la sociedad financiera Unión Progreso, 65 millones de pesos a título personal, capital que superaría notablemente sus ingresos en el servicio público.
También se señalaba que el gobierno del estado manejó depósitos por más de 800 millones de pesos en esa institución, de la cual Herrera Corral era socio y ex presidente del Consejo Directivo, es decir, el encargado de las finanzas estatales dirigió fondos públicos a una compañía financiera en la cual tiene participaciones.
Los avances de las investigaciones nunca se dieron a conocer, y una semana antes de que terminara esa administración, en septiembre de 2016, el ministerio público determinó el “no ejercicio de la acción penal”.
En diciembre pasado, a solicitud de la Fiscalía en el gobierno de Javier Corral, un juez autorizó la reapertura del caso.
Entre varios errores y omisiones de procedimiento encontró que además de que Duarte Jáquez es el jefe superior del órgano investigador el fiscal general tuvo un conflicto de intereses ya que además de su conocida amistad con el acusado, una hija de este y un hijo del ex gobernador son pareja, es decir son consuegros.
Ante la reapertura del caso, Duarte Jáquez, por medio de sus abogados, interpuso el amparo antes mencionado.