Por retenciones y contribuciones por 752 millones de pesos no enterados, así como sobregiros en siete cuentas bancarias, lo que generó una deuda de 4 mil 457 millones de pesos, y otras irregularidades, el Congreso del estado de Sinaloa suspendió las cuentas públicas del ex gobernador Mario López Valdez, “Malova”.
Con la ausencia de cinco diputados, tres de ellos ex integrantes del gabinete del sexenio anterior, el Congreso rechazó por unanimidad la aprobación de las cuentas públicas correspondientes al primer semestre de 2016.
Los diputados que estuvieron ausentes en la votación fueron el priísta Aarón Rivas Loaiza, ex Secretario de Desarrollo Económico; el priísta Jesús Marcial Liparoli, ex subsecretario de Gobierno, y el panista Juan Pablo Yamuni, ex titular de la Unidad de Transparencia y Rendición de Cuentas.
Tampoco acudieron los legisladores Misael Sánchez, del PVEM, ni Angélica Díaz Quiñonez, del Partido Sinaloense (PAS).
Desde tribuna, José Menchaca López, presidente de la Comisión de Fiscalización de la 62 Legislatura, detalló que se encontró en los dictámenes de la Auditoria Superior del Estado dudas que despertaron suspicacias, sobre las revisiones y la falta de información.
Observó que el órgano de revisión no auditó a las secretarías de Salud y Educación Pública, áreas de la administración estatal que ejercieron en el primer semestre del 2016 casi el 59 % del presupuesto.
Menchaca López precisó que ante las dudas surgidas se determinó solicitar mayor información a la Auditoría Superior del Estado, bajo el criterio de no aprobar las cuentas públicas.
El coordinador del grupo parlamentario de Nueva Alianza, Crecenciano Espericueta Rodríguez, dio a conocer que al sector educativo en el sexenio de López Valdez no se le cubrió una deuda de 200 millones de pesos y al Instituto de Seguridad Social (Issstesin) no se le entregó un monto de 13 millones de pesos.
Citó que las nuevas autoridades de la Secretaria de Salud encontraron una deuda de 560 millones de pesos en adquisiciones de medicamentos, sin que la Auditoria Superior del Estado revisara esa situación, lo que es alarmante.
En la revisión de primer semestre del último año del gobierno aliancista de Mario López Valdez se detectó que se adjudicó de manera directa a una empresa la compra de 700 mil micas para licencias de conducir, por un monto de 37 millones 579 mil pesos.
Roberto Cruz Castro, diputado de Acción Nacional y presidente de la Mesa Directiva, expuso que las inconsistencias e irregularidades encontradas en la revisión de las cuentas públicas alcanzan los casi mil millones de pesos, cantidad que pudo ser aprovechada en 400 mil becas más.
El panista exhibió a los miembros de la Comisión de Fiscalización del Congreso del Estado, los cuales aprobaron el dictamen, pese a todas las inconsistencias encontradas en los informes de la Auditoría Superior del Estado.
Por su parte, la coordinadora de la fracción parlamentaria del PRI, Irma Tirado Sandoval, dijo que van a buscar mayores datos y dar claridad al manejo de las finanzas públicas de la anterior administración.
“MALOVA”, DISPUESTO A HACER ACLARACIONES
En respuesta a la suspensión de cuentas públicas de su administración, el ex gobernador Mario López Valdez dio a conocer que él y los funcionarios que formaron su gabinete están dispuestos aclarar y solventar las observaciones.
Por medio de un comunicado, el ex mandatario estatal advirtió que si alguno de sus colaboradores causó un daño al patrimonio público o ejerció en forma indebida recursos públicos, deberá asumir su responsabilidad y someterse a las leyes.
“Malova” remitió a los medios de comunicación su postura por escrito, en relación a la no aprobación de las cuentas públicas del primer semestre del 2016, en las que se encontró diversas irregularidades, entre ellas, la existencia de una deuda a corto plazo por un monto de 5 mil 340 millones de pesos.
El ex Ejecutivo estatal hizo mención a que durante su sexenio se trabajo de cara a la sociedad, bajo el escrutinio público, con la convicción de heredar un estado más fuerte y competitivo.
Además, indicó que dispone de 30 días para que junto con los funcionarios que integraron su gabinete, detallen y respondan a los pliegos de las observaciones que los diputados locales emitan al respecto.