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Las autoridades concentran sus fuerzas en controlar a los grupos criminales que desde 2010 sostienen una disputa por toda la frontera norte, lo que descuida la entrada sur y la península de Yucatán, donde en ese mismo lapso las células criminales aprovecharon el descobijo de la vigilancia y gradualmente se asentaron y tomaron fuerza.
Los Zetas, los del Golfo, los de Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel local o de Cancún son los que llevan mano en el trasiego de la droga que llega de Colombia, Bolivia y otros países sudamericanos; el objetivo de estas células, según se detalla en un informe federal que se ha compartido a los gobernadores de la administración pasada y la reciente, es hacer llegar drogas como cocaína en pasta y efedrina hasta la frontera norte del país, a través de los puertos de Veracruz, Nayarit y Michoacán.
De todo este quehacer delictivo ya tiene conocimiento la Quinta Región Naval de la Marina, que a toda costa trata de evitar que las operaciones delincuenciales incrementen. Y aunque ha dado golpes importantes, no ha logrado mermar la estructura de grandes cárteles que operan en la península, pues consideran que solamente es frontera “de paso”, quedándose sólo una pequeña cantidad de estupefacientes para el consumo local, sobre todo de turistas.
Las autoridades explican que el descontento inició en 2014, cuando el Cártel de Cancún, encabezado presuntamente por Doña Lety, empezó a tener más poder y gradualmente se adueñó de los corredores de Los Zetas, el Cártel del Golfo y el CJNG. Además, el cártel local tomó fuerza al nutrir sus filas de desertores de estos grupos, pues, según el informe, conocían a detalle todo el corredor, podrían obtener más ganancias.
Aunque se desconoce con exactitud cuánta droga ingresa por los puertos que hay en Campeche, Yucatán y Quintana Roo, autoridades estiman que en promedio cada célula criminal introduce con fines de exportación hasta seis toneladas al mes vía marítima.
En el documento se destaca que el trabajo y la actividad de los traficantes es de bajo perfil debido a que la vigilancia y la labor de inteligencia compete principalmente a la Marina, cuyos mandos no informan de los decomisos, operativos y detenciones a la autoridad local debido al grado de “infiltración” de las policías municipales y estatales, pues aparentemente éstos avisan a las células criminales de los trabajos que encomienda la federación.
Infiltraciones hasta en la fiscalía
El informe también destaca que por lo menos dos comandantes y tres agentes que aún laboran en la fiscalía de Cancún mantienen nexos con el cártel local. Detalla que los uniformados eran también los blancos del ataque perpetrado a la corporación el pasado martes por los integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación, por lo que también se ordenó una revisión exhaustiva de los expedientes de todos los que laboran en corporaciones policiacas e, incluso, se instruyó la aplicación de exámenes de confianza a más de 2 mil uniformados.
El objetivo, señala, es sanear la corporación de malos elementos que aparentemente mantienen relación, incluso de familia, con el llamado Cártel de Cancún. Las revisiones incluyen sus actividad personales, así como sus percepciones económicas.
Los agentes a quienes ya les siguen las pista son aquellos que incluso tienen condominios de lujo en las zonas de Playa del Carmen o que han adquirido propiedades en las zonas más exclusivas de las zonas hoteleras, adquisiciones que no concuerdan con el sueldo de los agentes de investigación, quienes tienen un sueldo promedio de entre 10 y 12 mil pesos. Los vehículos lujosos que algunos conducen han llamado la atención de sus superiores.
El año pasado 10 oficiales se dieron de baja de manera voluntaria para engrosar las filas del Cártel de Cancún. El informe federal detalla que los lugartenientes de Doña Lety son agentes de la corporación local que conocen las rutas del trasiego, así como las claves y el movimiento de los policías, lo que les ha servido para burlar a la autoridad y sobornar a los agentes.
Aunque no se les ha detectado un domicilio fijo, se sabe que utilizan los moteles de las inmediaciones de la colonia Bonfil para despachar y cerrar los tratos con los policías.
Parte del trabajo de inteligencia de la autoridad federal consiste en desmantelar las rutas carreteras que tienen las células criminales establecidas en toda la península. Hasta el momento se ha detectado que para grandes cantidades de droga usan camiones de carga de refacciones de autos, de abarrotes e incluso de clínicas de belleza que supuestamente nutren todos los hoteles de la península.
Estas misma modalidad se utilizan para “exportar” lo ilícito hasta Chiapas y Oaxaca, de ahí hasta la Ciudad de México a través de Guerrero y Puebla. De este punto se distribuye también hacia el Estado de México. Todo este proceso se hace en tres días y hasta en una semana, mientras que las ganancias millonarias se regresan en efectivo por la misma ruta.
También se rastrean por lo menos 10 cuentas que con frecuencia son utilizadas para recibir el dinero en tiendas departamentales y de conveniencia. Según el informe federal, se ha utilizado esta modalidad debido a la facilidad con la que actualmente se hacen transferencias bancarias sin un número fijo.
Autoridades tienen detectados por lo menos 10 nombres que semana con semana utilizan esa modalidad para triangular los pagos que se exigen. Se detectó también que algunas cantidades de dinero se envían con los llamados burreros, personas que se transportan en autobuses para saldar deudas en toda la península, mientras que las armas y drogas son transportadas en pequeñas embarcaciones.
Debido a esto, los operativos de los agentes federales que llegaron desde la semana pasada al puerto de Cancún consisten en implementar retenes en el aeropuerto, la central de camiones e, incluso, infiltrarse en algunos de los antros y bares que, se sabe, son operados por el cártel local y donde también la actividad delincuencial y el consumo de enervantes ha incrementado.
