Desde 1957 los 30 ejidatarios de Rancho de los Llanitos, en Bahía de Banderas, Nayarit, buscan que se les dote de tierra, sin embargo, diversas irregularidades y la presunta corrupción de varias autoridades les han negado su derecho y han provocado que al menos 150 hectáreas del territorio que les corresponderían estén invadidas por fraccionamientos privados, centros comerciales y hasta una fábrica de refrescos.
Ante los presuntos actos de corrupción cometidos por distintas autoridades —se estima que hoy los terrenos en disputa valen 500 millones de pesos—, los ejidatarios han solicitado al Consejo de la Judicatura Federal la remoción de dos magistrados y dos jueces federales; además, la Procuraduría Generala de la República abrió una investigación al respecto.
La historia legal de este ejido comienza en 1968, cuando, tras obtener tres dictámenes positivos, el Cuerpo Consultivo Agrario les otorgó 2 mil 700 hectáreas; sin embargo —relatan los representantes ejidales—, el entonces gobernador Julián Gascón Mercado se negó a entregarles la tierra por presuntos intereses en la zona, ubicada cerca de Puerto Vallarta, Jalisco.
En 1992, con la reforma al Artículo 27 —con la que se supone se brindó mayor protección a los ejidos—, los hijos de los ejidatarios de Rancho los Llanitos retomaron la batalla jurídica junto con sus padres y se logró que el Cuerpo Consultivo Agrario enviara el expediente 293/97 al Tribunal Superior Agrario; ese mismo año el Tribunal emitió una resolución negando la dotación de la tierra, bajo el argumento de que no existían “fincas” susceptibles de afectación para entregar el territorio.
Ante esta situación, los ejidatarios, integrados en un comité, tramitaron un amparo directo que en el año 2000 resuelvió el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa de Primer Circuito, con sede en la Ciudad de México.
De acuerdo con el expediente 7126/98, se concede el amparo a los ejidatarios para que el Tribunal Superior Agrario realice un nuevo análisis del distrito de riego 43 y determine si después de respetar 700 hectáreas correspondientes a siete predios ubicados en ese distrito, existe un excedente territorial para dotar al ejido de sus tierras.
El resultado del nuevo análisis determinó que tras respetar los derechos de los propietarios originales de los siete predios señalados, se podía disponer de 4 mil 77 hectáreas susceptibles de afectación; no obstante, el 14 de marzo de 2001 el Tribunal Superior Agrario determinó dotar al ejido sólo de 279 hectáreas para la creación de un centro de población. Una serie de amparos promovidos a partir de marzo de 2001 tanto por pequeños propietarios como por los ejidatarios llevaron al Tribunal Superior Agrario a emitir una nueva sentencia el 22 de enero de 2004, en la que niega la dotación de tierras al ejido.
En julio de ese año, tras promover una queja ante el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, los ejidatarios logran que este órgano ordene al Tribunal Agrario respetar la sentencia del 14 de marzo de 2001 por considerar que eso se trataba ya de “cosa juzgada”.
Así, durante 2005 y 2006 el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa también sobreseyó varios amparos promovidos por los pequeños propietarios “por no tener interés jurídico y, además, por no afectarles de manera directa ningún predio de su propiedad”. Sin embargo, cuando el Tribunal Superior Agrario emitió un plano proyecto para dotar de tierras al ejido, un pequeño propietario (Joaquín Baeza Serrano) acudió ante el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, presidido por el magistrado Ramón Medina de la Torre, a interponer un recurso de revisión contra el sobreseimiento a su demanda de amparo ante el Sexto Tribunal Colegiado.
Denuncian corrupción
En la queja administrativa interpuesta ante el Consejo de la Judicatura Federal, los ejidatarios de Rancho los Llanitos acusan al magistrado Medina de presuntos actos de corrupción debido a que otorgó el amparo a Baeza Serrano bajo el argumento de “suplencia de deficiencia de la queja”, es decir, utilizando un recurso de la ley de amparo que según los ejidatarios sólo se debe utilizar en beneficio de la clase campesina y no de pequeños propietarios.
El documento que ya analiza el Consejo de la Judicatura Federal señala, además, que el magistrado no modificó la sentencia del tribunal agrario, pero sí ordenó cambiar el plano proyecto para ejecutar la sentencia, lo que —aseguran los ejiidatarios— constituye una falta grave.
Los representantes del ejido exponen en su alegato ante el Consejo de Judicatura que después de que se otorgó el amparo al pequeño propietario interpusieron una queja en el Primer Tribunal Colegiado contra la resolución del magistrado Medina de la Torre que casualmente le tocó a él mismo resolver y desechó.
Así, indican, interpusieron un nuevo recurso, “queja de queja”, que nuevamente Medina de la Torre resolvió como improcedente; hoy los abogados del ejido han interpuesto ante el mismo tribunal un “recurso de reclamación” para que se revisen las actuaciones del magistrado, pero solicitan que él se abstenga de intervenir en el proceso para no ser juez y parte.
También se pide al Consejo de la Judicatura Federal la destitución de la magistrada Sylvia Irina Yayoe Shibya Soto, del Tercer Tribunal Colegiado del Centro Auxiliar de la Tercera Región, por presuntamente obstaculizar la resolución del amparo 117/2008, con el que el ejido solicita la dotación de las 2 mil 421 hectáreas que no les otorgó el Tribunal Superior Agrario en su sentencia de marzo de 2001.
A Shibya Soto la acusan de complicidad con Medina de la Torre, ya que antes de ser magistrada ella trabajó con él.
Además, solicitan la destitución del Juez Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo, Rogelio Alberto Montoya Rodríguez, debido a que se ha negado a realizar las actuaciones necesarias para hacer valer las suspensiones que existen respecto al otorgamiento de permisos por parte del ayuntamiento de Bahía de Banderas para la construcción de fraccionamientos.
De la misma forma, se denuncia al Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Alfredo Barrera Flores, por conceder —bajo los mismos lineamientos del magistrado Medina de la Torre— un amparo a otra pequeña propietaria (María del Socorro Lepe Alba) para no acatar la resolución del Tribunal Agrario.
Debido a que los ejidatarios han denunciado hostigamiento y amenazas contra ellos y sus abogados por este conflicto legal, la PGR abrió un expediente para investigar las actuaciones de los funcionarios federales.
