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Usuarios del transporte urbano de la zona metropolitana de Nuevo León exigieron al gobierno estatal rechazar cualquier incremento en las tarifas del servicio, pues Rocío Montalvo, dirigente de la agrupación Únete Pueblo, explicó que los empresarios del ramo pretenden que el pasaje ordinario se eleve desde 12.50 hasta 18 pesos. Además, señalaron que según un análisis realizado por los mismos ciudadanos el costo actual debería ser de 10 y no de 12 pesos.
Durante la protesta frente al Palacio de Gobierno, los manifestantes rompieron una piñata que, según explicó Rocío Montalvo, simbolizaba el “pulpo camionero” una alianza de empresarios que con la complacencia del gobierno local controla el transporte urbano e impone sus políticas tarifarias.
La figura tenía en sus tentáculos fotografías del gobernador Jaime Rodríguez Calderón y del director de la Agencia Estatal del Transporte, Jorge Longoria, también fue adherida una imagen del dirigente estatal de la CTM, Ismael Flores, pues de acuerdo a Montalvo tiene dominado 70% del servicio camionero y el resto es controlado por el Grupo Transregio, de los empresarios Martínez Chavarría, Martínez Garza y Martínez García.
Denuncian falta de transparencia. En ese contexto, la plataforma Redes Quintos Poder, integrada por ciudadanos que buscan la transparencia y el ejercicio responsable de los recursos públicos, informó que el gobierno central del estado cuenta con una flotilla de 4 mil 27 vehículos, de los cuales 321 son modelo 2016 (tres de lujo); es decir, fueron adquiridos por la administración en turno.
La organización, encabezada por Juan Manuel Ramos, explicó que durante noviembre y diciembre de 2016 solicitaron al gobierno del estado, al Congreso local y al Poder Judicial, a través de la Secretaría de Finanzas, información sobre los vehículos con que cuentan, incluyendo marca, modelo y año, pero la solicitud no fue respondida en su totalidad, por lo que harán uso de los recursos legales que la misma contempla, para tener acceso a la información requerida.
Puntualizaron que la compra de vehículos por parte del Ejecutivo se contrapone al discurso del gobernador en el sentido de que el estado no cuenta con recursos, siendo esa la principal justificación para cambiar la fórmula de eliminación de la tenencia, lo que permitió no aplicar para este 2017 un descuento adicional de 30%.
Expuso que con el aumento de 23% a las gasolinas es importante que el Congreso y gobierno estatales, reduzcan el gasto en este rubro, pues mientras los funcionarios estarían disfrutando de privilegios, el incremento de impuestos y el gasolinazo afectarán la economía de los contribuyentes.
