Más Información
Autoridades españolas hicieron entrega este jueves a agentes de la Procuraduría General de la República (PGR) de Diego Cruz Alonso, conocido como uno de los “Porkys de Costa de Oro” y acusado en México de un delito de pederastia tumultuaria cometido en enero de 2015.
La entrega se realizó este jueves en el aeropuerto madrileño de Barajas. Los agentes españoles trasladaron a Cruz desde la cárcel de Soto del Real a Barajas, y allí transfirieron su custodia a agentes de la Agencia de Investigación Criminal adscritos a Interpol-México.
La PGR anunció la entrega en su cuenta de Twitter. Las autoridades españolas y mexicanas no notificaron la misma hasta que ésta se hubo completado.
Posteriormente, en un comunicado, la dependencia recordó que Diego es requerido por la justicia del estado de Veracruz, por contar con una orden de aprehensión por su probable responsabilidad en la comisión del delito de pederastia.
A Diego se le acusa de dicho delito en contra de la joven Daphne; los hechos ocurrieron cuando ella era menor de edad.
“La entrega del reclamado se realizó el 19 de enero de 2017 en el Aeropuerto Internacional de Madrid-Barajas, por parte de autoridades españolas a elementos de la Agencia de Investigación Criminal, adscritos a Interpol-México, para su traslado a nuestro país”, indicó la PGR.
Diego Cruz viaja en el vuelo AMX2 de Aeroméxico y se prevé que llegue a Veracruz este jueves por la noche.
El protocolo indica que debería ser entregado a las autoridades de la Fiscalía General del Estado para comenzar su proceso. Jorge Winckler, el fiscal de Veracruz, explicó el 3 de enero que, a su llegada a México, Diego Cruz sería remitido al centro penitenciario El Penalito, en la ciudad de Veracruz.
Diego Cruz puede ser condenado en México a 40 años de cárcel por “pederastia tumultuaria” en lugar de los 15 por agresión sexual agravada a los que aspiraba como condena máxima en España.
Tras meses de litigio judicial, el Consejo de ministros español firmó en diciembre el traslado de Cruz Alonso a México. Fue detenido el 10 de junio en la Madrid, donde vivió tres meses bajo otra identidad tras huir de México anticipándose a una orden de detención.
Al día siguiente, en su primera comparecencia ante el juez, el joven de 21 años, conocido como uno de los “Porkys de Costa de Oro”, se negó a ser extraditado a México alegando que tenía nacionalidad española a través de su abuelo y que en México no se cumplían las garantías para un juicio justo.
Cruz fue entonces internado en la cárcel de Soto del Real y se abrió un largo proceso judicial. El 28 de octubre tres magistrados de la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional española desestimaron todos sus argumentos y determinaron su traslado a México para ser encausado en el juzgado de Veracruz que investiga su caso, una acusación de “pederastia tumultuaria” por la violación colectiva de una menor de 17 años en Veracruz en 2015. La defensa de Cruz perdió el último de los recursos posibles el 2 de diciembre, cuando el Pleno de la Sala Penal de la Audiencia Nacional (el conjunto de los 20 jueces de la institución) decretó que no había argumentos legales para que Cruz no fuese procesado en México.
Los jueces consideraron entonces “que se dan los requisitos para acceder a la entrega, y que el delito cuya persecución se solicita la entrega es de naturaleza común, no se advierte motivación espuria en la demanda, no concurre el instituto de la prescripción dada la fecha de los hechos y no cabe apreciar circunstancias extintivas de la responsabilidad penal, siendo incuestionable la jurisdicción de México atendido el principio de territorialidad”.
Respecto a la nacionalidad española del reclamado como obstáculo para su entrega, otro de los pilares en los que se basó la defensa, los jueces consideraron que poseer pasaporte español “en manera alguna” impedía la extradición.
El caso de los “Porkys de Costa de Oro” ha causado una gran indignación popular ante las sospechas de impunidad que penden sobre los sospechosos. Los cuatro jóvenes presuntamente implicados en la violación de una menor procedían de familias adineradas y con buenas conexiones políticas en Veracruz. Tras los hechos no se interpuso denuncia y éstos se hicieron conocidos sólo después de una confesión difundida por el padre de la menor en redes sociales.
Durante el proceso judicial, Cruz alegó que había sido víctima de un “elaborado chantaje” por parte de la familia de la menor agredida. Aseguró que el padre de la joven lo amenazó con un arma para lograr una falsa confesión, y que su caso se había visto amplificado por una conspiración de políticos y medios de comunicación que pretendían distraer la atención de los problemas de corrupción en el estado de Veracruz.
Los jueces españoles no dieron ninguna credibilidad a estos argumentos y determinaron que su caso debía ser juzgado en Veracruz, donde se encuentran todos los testigos y pruebas.
Cruz Alonso es el primer extraditado a México este año, y el número 70 desde que comenzó esta administración, informa la Embajada española.
