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Detrás de la suntuosidad de la internacionalmente famosa Quinta Avenida de Playa del Carmen, en la Riviera Maya, se ha tejido una red de tráfico de drogas y extorsión a los empresarios que operan restaurantes, bares, discotecas y todo tipo de comercios.
Nadie se salva del cobro por derecho de piso, como se conoce a la extorsión del crimen organizado que pide millonarias sumas, en pesos o dólares, para permitir el funcionamiento de locales.
Empresarios locales cuentan que, hace más de 20 años llegaron a construir uno de los destinos de mayor esplendor en el Caribe mexicano, reconocido y favorito entre turistas, especialmente europeos, por su ambiente bohemio y cultural, a lo largo de una avenida llena de color y movimiento, que alcanza el clímax durante la noche, cuando despiertan las discotecas y la diversión no conoce de límites.
Los mismos empresarios que se enorgullecen de la fama de este destino turístico, aceptaron públicamente ayer que la descomposición del tejido social se ha agudizado y que es urgente la entrada de elementos de la Policía Federal, de la Gendarmería, de oficinas de la Procuraduría General de la República (PGR), que no existen en la zona.
“Hemos solicitado más seguridad. Los que tenemos aquí muchos años, más de 25, hemos visto crecer Playa, venimos gente con ganas de trabajar, de prosperar, pero también vino gente que no viene con esos deseos. (…) Necesitamos que nos cuiden”, expresó una empresaria.
La alcaldesa de Solidaridad, Cristina Torres, fue cuestionada sobre los grupos criminales que operan en la zona; respondió que esa información forma parte de los mapas geodelictivos y de labores de inteligencia, cuyo contenido es delicado.
Para la edil y la iniciativa privada lo ocurrido en el bar Blue Parrot, se ha convertido en la oportunidad de repensar normas y restricciones para que Playa del Carmen siga siendo generador de empleos, en un ambiente sano, seguro y legal.
