Derivado de la investigación que realizó el gobierno de Alejandro Tello Cristerna a 387 concesiones del transporte público que otorgó su antecesor, el ex gobernador Miguel Alonso Reyes, se detectaron irregularidades en 29 concesiones que pudieran ser revocadas.
En entrevista, Paula Rey Ortiz Medina, secretaria de la Función Pública del estado, explicó que a partir de este lunes la Coordinación Jurídica de Gobierno es la instancia que ha comenzado con la notificación de estas irregularidades a los concesionarios, porque con este proceso jurídico se determinará el destino de éstas, las cuales pueden ser retiradas por tres vías: revocación, extinción o nulidad.
Aclaró que aún continúa el proceso de investigación que realiza la Secretaría de la Función Pública del estado para determinar la responsabilidad administrativa de los servidores públicos por acciones u omisiones en el proceso de otorgamiento irregular de concesiones del transporte público.
Sin precisar fecha, dijo que esta investigación también lleva avance y hay posibilidades de que se concluya en unas semanas más.
Recordó que esta investigación se inició a petición ciudadana inconforme, luego de que un grupo de concesionarios y choferes del transporte público pidieron que se revisaran las concesiones que se otorgaron en la administración anterior.
En los resultados que hasta el momento han dado a conocer, tanto la Secretaría General de Gobierno, la Función Pública y la Coordinación Jurídica, se menciona que dentro de las irregularidades se detectó que algunas fueron otorgadas a servidores públicos, otras no han entrado en operación dentro del plazo establecido por la Ley y algunas más se entregaron a familiares de servidores públicos.
También se encontró que en el proceso de entrega de concesiones no se realizó el estudio socioeconómico que marcaba la Ley; se incumplieron los requisitos establecidos en la convocatoria; no fue documentado el proceso de notificación a cada uno de los participantes si se le otorga y no, ni se explicó por qué y tampoco se documentó el fallo del proceso para otorgar las concesiones.
Paula Rey precisó que respecto a las concesiones que se otorgaron a servidores públicos de la administración anterior, hasta el momento no se ha detectado a ningún funcionario de primer nivel, pero admite que algunos de los involucrados aún se encuentran activos.
Por lo pronto, a los concesionarios que registran irregularidades se les debe notificar y llamar a un procedimiento individual, quienes incluso pudieran recurrir al amparo ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, instancia que determinará la legalidad definitiva del procedimiento y de cada una de las fases que desarrolló la administración anterior de entrega de concesiones del transporte.