En Colima también buscan que los partidos políticos tengan meno dinero público para buscar ahorros que ayuden a paliar los efectos del incremento en los combustibles y este lunes el gobernador del estado, José Ignacio Peralta Sánchez, envió al Congreso local una iniciativa de reforma para reducir en 50% su financiamiento.
El mandatario señaló que esta acción forma parte del paquete inicial de medidas de apoyo implementadas por su gobierno para mitigar el impacto originado por el incremento al precio de los combustibles, pues los ahorros se destinarán a programas sociales.
Señaló que en 2016 fueron destinados para el financiamiento público de los partidos políticos nacionales un total de 3 mil 953 millones 658 mil 321 pesos y para este año el monto es de 4 mil 59 millones 213 mil 905 pesos.
Peralta Sánchez consideró que el sistema de financiamiento a los partidos políticos debe acotarse y adecuarse a la realidad económica y social del país.
Así, en la iniciativa que envió a la legislatura local para que ésta, a su vez, decida si la presenta ante el Congreso de la Unión, propone reformar el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y establecer que el financiamiento público de los partidos políticos se fije anualmente multiplicando el número total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral por el 33% del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización y no por el 65% establecido actualmente.
Con esto, estimó el mandatario, los recursos públicos que reciben anualmente los partidos se reducirían en un 50.76%.
Si su propuesta prospera en el Congreso de Colima y se envía a la Cámara de Diputados, ésta será la segunda iniciativa enviada por una legislatura estatal al Congreso de la Unión para proponer que se modifique la fórmula de financiamiento de los partidos.
La semana pasada el Congreso de Jalisco decidió enviar a la Cámara de Diputados una propuesta redactada hace año y medio por los diputados independientes Pedro Kumamoto y Manuel Clouthier –quien el año pasado la presentó a título personal y fue rechazada en octubre– con la que se busca vincular directamente el financiamiento de los partidos a la votación emitida valida.
La propuesta busca cambiar la fórmula de distribución de los recursos públicos para los partidos políticos establecida tanto en el artículo 41 de la Constitución como en el 51 de la Ley General de Partidos, proponiendo que para ello no se tome en cuenta la totalidad del padrón electoral, sino únicamente el número de votantes que acudieron a las urnas y no anularon su voto.
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