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A los pocos meses de ser creada (julio de 2011) la Universidad Popular Autónoma de Veracruz (UPAV), hubo constantes quejas por la falta de validez oficial de los estudios que ofrecía; sin embargo, el gobierno de Javier Duarte de Ochoa se encargó de minimizarlas y aseguró que contaban con todos los permisos oficiales.
Fue gracias al pleno del Congreso del Estado, con 46 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones, que se creó la universidad que suplió al Instituto Veracruzano de Educación Superior.
La UPAV nació como un organismo público descentralizado, con partición pública y privada y sectorizado a la Secretaría de Educación de Veracruz, con la modalidad educativa abierta, la semiescolarizada, a distancia y “las que sean necesarias para dar cumplimiento a los objetivos”.
La UPAV buscaba impartir servicios educativos de nivel medio superior y educación superior en comunidades con alto rezago educativo, pero también en grandes ciudades.
La universidad se transformó al punto de ofrecer estudios superiores a personas mayores de edad que tenían una profesión empírica pero no contaban con documentos oficiales. Además, logró operar en 190 municipios: en instalaciones escolares prestadas por el propio gobierno e incluso llegó a tener presencia en 10 estados con 52 carreras universitarias, 24 maestrías, 12 doctorados y 48 cursos de carácter técnico así como el bachillerato.
Las protestas fueron constantes de estudiantes de las carreras de Enfermería, Educación Deportiva, Psicopedagogía, Trabajo Social, Administración de Empresas y Derecho, entre otras, al denunciar que los estudios carecían de validez oficial.
Sin embargo, las autoridades estatales argumentaron siempre que al haber sido creada por decreto del entonces gobernador tenía el aval de las autoridades educativas de Veracruz, aunque en otras entidades y en los registros federales no aparecía como legal.
Por ello, el gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, dijo que se reuniría con el titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Aurelio Nuño, para analizar la grave problemática.
Entrevistado en el aeropuerto, el Ejecutivo estatal mencionó que la SEP cuenta con información sobre la UPAV que resulta preocupante: “La UPAV ha emitido más de 100 mil certificados; por ejemplo, en Sinaloa hay 10 mil personas que tienen certificado de la UPAV. Eso no puede ser, lo tenemos que evaluar, no estoy dispuesto a que la UPAV sea un engaño a los veracruzanos; si queremos alternativas de estudio, hay que generar alternativas de estudio superiores, de buena calidad, ciertas, que no engañen a la gente”.
Comentó que otra de las observaciones detectadas en la UPAV es sobre las cuotas de recuperación, ya que ingresan a una asociación civil y no a la Secretaría de Finanzas y Planeación, lo cual impide conocer cuántos recursos maneja para su operación.
El campo tampoco se salvó. En las primeras revisiones a los recursos de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca (Sedarpa) de Veracruz se detectó un presunto desvío de entre 500 y 600 millones de pesos.
El titular de dicha dependencia, Joaquín Guzmán Avilés, informó que encontraron que ex funcionarios del gobierno del priísta Duarte de Ochoa se llevaron fondos de distintos proyectos productivos presentados por organizaciones campesinas.
“Encontré una secretaría devastada, con problemas graves financieros. En las cuentas no hay recursos ni siquiera para mantenimiento ni movilización de las oficinas centrales”, aseguró el integrante del gobierno.
El ex diputado local reveló que en las primeras revisiones, en las que se detectaron presuntos desvíos de recursos públicos de entre 500 y 600 millones de pesos, el dinero se reportó como entregado a distintas organizaciones campesinas y de productores, pero nunca llegó a los beneficiarios.
Mencionó que decenas de organizaciones campesinas ingresaron proyectos de distintos fondos y fideicomisos federales y estatales, pero nunca recibieron los recursos.
“Ellos sólo firmaron en el momento que presentaron el proyecto, pero posteriormente no les llegó nada, les falsificaron firmas, cobraron cheques y todo se lo llevaron y ahora tienen problemas porque están en cartera vencida”, afirmó el titular de la dependencia. Dijo que funcionarios duartistas falsificaron las firmas de los líderes para cobrar los recursos, por lo que jamás aterrizaron para poder impulsar los proyectos productivos.