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La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) calificaron como grave la situación de desaparición forzada y homicidios en Guerrero; de 2013 a la fecha han desaparecido al menos 409 personas y de octubre de 2015 a la fecha fueron asesinadas dos mil 428.
En su segundo día de misión, luego de reunirse con funcionarios estatales, colectivos de familias de desaparecidos y activistas, Jan Jařab, representante de la ONU-DH México, consideró “un problema dramático en tres años” y criticó que la Fiscalía General del Estado (FGE) cuente con sólo cinco unidades de Ministerio Público.
En Chilapa, de donde son 150 de los 409 desaparecidos, y luego de reunirse con integrantes de la agrupación “Siempre Vivos” que exigen la presentación con vida de al menos 100 familiares, Ismael Eslava, primer visitador de la CNDH secundó: “La FGE necesita infraestructura mínima, personal”.
Jařab aseguró que el gobierno del estado reconoce el problema porque las cifras que reveló se las entregaron los funcionarios durante sus reuniones, “Es una situación preocupante, hay mas de 400 casos sólo de desapariciones en Iguala, Acapulco y Chilapa; en muchos casos no hay denuncias, porque las familias de las víctimas tienen miedo al crimen organizado”.
La visita encabezada por Eslava y Jařab obedeció a conocer el acceso a la justicia que tienen las familias de éstas víctimas. Ambos coincidieron que estas personas tienen derecho a saber si sus familiares están vivos o muertos. Jařab dijo, luego de dialogar con el fiscal General del Estado, Xavier Olea y el secretario General de Gobierno, Florencio Salazar que apoyarán con algunas cosas al estado.
“Estamos dispuestos a brindar cooperación técnica al gobierno de Guerrero, no sólo al poder ejecutivo, al legislativo y al judicial, juntar sus esfuerzos para superar la situación; continuaremos el diálogo a nivel político, con el gobierno estatal y federal, lograr una sinergia con la PGR, con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas”, explicó.
Ven un problema de desplazamientos forzados, de aquellas personas que por amenazas del crimen tienen que abandonar sus lugares de residencia. Las víctimas necesitas apoyos económicos que el gobierno manifiesta no tener; sin embargo enfatizaron tanto Eslava como Jařab, que el Estado debe garantizar investigaciones serias y el apoyo en todo sentido.
