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Un total de 20 personas, de 460 que están sin identificar en las instalaciones de los Servicios Médicos Forenses (Semefo) de la capital del estado, Iguala y Acapulco fueron depositadas en el Panteón Ministerial, al tiempo en que colectivos de familiares de desaparecidos se quejaron porque no les dieron la información completa de cómo sería el proceso de inhumación.
El vicefiscal de Investigación de la Fiscalía General del Estado (FGE), José Bonilla, explicó que este proceso lo realizan junto a la Secretaría de Salud (Ssa); en esta primera etapa estuvo la Cruz Roja Internacional, que dotó de un software que facilitará la elaboración de perfiles genéticos. Ello, ante la incapacidad de almacenamiento de cuerpos en los semefos del estado, tras el incremento de violencia.
En tres camionetas del Semefo fueron trasladados los 20 cuerpos, todos de la zona Centro. Según Bonilla no habrá cadáver en gaveta sin que esté identificable, con todos los estudios genéticos a 100% e ingresados a la base de datos de la fiscalía.
Cada gaveta fue sellada al término de la inhumación, misma que contiene una placa con la información de la persona. El Semefo y la FGE tienen expedientes de cada uno de los depósitos. “Se hizo una doble verificación de los datos de identificación de cada cuerpo, peritajes, cuestionarios ante mortem, post mortem... Introducir la información a las bases de datos, compaginarlos y finalmente construir”, dijo.
El traslado de los cuerpos será paulatino, hasta el jueves pretenden que sean 60. Si se logra captar el ADN de todos los cadáveres —por el estado de descomposición en el que se encuentran varios, implica que el proceso se prolongue—, en tres meses inhumarán los que se encuentran en los Semefo de Iguala y Acapulco; en ese orden se colocarán en gavetas. No precisó cuántos cuerpos hay en cada sitio.
Personal del Semefo acompañado del Ministerio Público del Fuero Común se encargaron de realizar nuevos embalajes a los cuerpos y etiquetar cadenas de custodia en las gavetas del Panteón Ministerial.
En esta etapa están concluidos cuatro módulos de 80 gavetas, 40 por cada lado; faltan tres módulos más. Hay un libro de gobierno para ingresar el día y la hora que introdujeron cuerpos, un mapa del panteón; cada espacio tiene una ubicación especifica.
Para Bonilla es imposible que ocurra lo que en Morelos, donde sus autoridades enterraron ilegalmente 117 cadáveres en una fosa común del panteón de Tetelcingo. “Para que no pasara eso, hicimos este proceso de análisis y de identificación, llevamos un poco menos de un año y culminamos con el primer traslado”, dijo.
Hay cuerpos hasta de siete años, de los que señaló, tienen expedientes completos y buscan que queden identificables; incluso osamentas que llevarán otra metodología de ingreso a gavetas. Se defendió de la desconfianza que tienen familiares sobre los análisis de ADN. Si no están conformes hay un peritaje en el estado, luego se envía a la PGR. Bonilla admitió que hubo un caso en el que participaron forenses argentinos, los cuales coincidieron tanto con el peritaje local como el federal. A pesar de las críticas, dijo, es el único donde familias han solicitado un peritaje externo.
Familiares inconformes
Ivón Álvarez es hermana de Juan Álvarez Gil, quien desapareció en julio de 2013; está molesta porque tiene la impresión de que la FGE está enterrando su posibilidad de reconocer a su hermano de entre los cuerpos que fueron depositados. “Es risorio que nos digan que del colectivo, somos más de 400 familias, ninguna muestra de ADN coincide con los cuerpos que tienen”, señaló.
Ella pertenece al “Colectivo de padres y familiares de desaparecidos, secuestrados y asesinados en el estado y el país”, que acusa a la FGE de no tomarlos en cuenta en este nuevo proceso pericial. No tienen certezas de qué cuerpos serán engavetados y temen a que uno de sus familiares esté allí.
Su hermano desapareció el 5 de julio de 2013. Su familia denunció, BRA/SC/02/1642/2013, es el número de averiguación previa. Encontraron 15 días después el carro Golf con restos de sangre. No coincidían con el ADN de su hermano, quien tiene dos hijas, de 16 y 13 años, y un niño de 10. Juan era policía ministerial, pero fue dado de baja en 2015, tiempo en el que su esposa se quedó sin pensión. Para Ivón y otros miembros de su colectivo “es una burla que la FGE haya decidido el traslado de 20 cuerpos sin que estén las confrontas genéticas. Los cuerpos que están inhumando son de 2014, 2013, me preocupa que el cuerpo de mi hermano esté allí”.
Dice que la FGE jamás le notificó, ni a los demás miembros del colectivo de desaparecidos ni a algún otro de municipios como Chilapa, Iguala y Acapulco, porque tienen contacto con ellos, sobre el depósito de cuerpos.
Para ella y para otros, los protocolos de actuación de la FGE están siendo violados, porque hay una crisis de desaparecidos en el país y el estado es uno de los principales; el caso más emblemático, el de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, señaló.
“Hemos tenido reuniones con la fiscalía, son promesas, se hacen tontos con las averiguaciones, la de mi hermano la daban como perdida, decían que nadie había levantado un acta de la desaparición y allí estaba”, indicó Ivón, quien reveló que no todos los familiares de desaparecidos han dejado muestras biométricas para la confronta con bases de datos de la FGE.
Un antes y un después en prácticas periciales
Pedro Ocampo Lara, coordinador general de Servicios Periciales, admitió que no se les ha dado la información suficiente a las familias de desaparecidos sobre el nuevo proyecto del Panteón Ministerial, pero asegura que significa un antes y un después del tratamiento de cuerpos, lo que representa una posibilidad mayor para que sean identificados.
Ante la excesiva capacidad que se encontraban las cámaras frigoríficas de Iguala, Chilpancingo y Acapulco, replantearon los métodos de conservación de cuerpos. La idea es innovar y estructurar las prácticas periciales que hasta el 2015 había. A los 460 cadáveres se les practicaron nuevos estudios genéticos y cadenas de custodia: las preparaciones periciales para que un cuerpo esté en calidad de identificable. El manejo y tratamiento de cuerpos se hace, aseguró, bajo los protocolos homologados de necropsias, pero sí hubo errores pasados que impiden que la preparación de los cadáveres para ser identificados sea eficaz.
“Antes no se practicaba la muestra de genética; desconociendo el motivo, muchos eran reconocidos horas después de su ingreso”, dijo.
Ocampo aseguró que las gavetas no son el destino final de los cuerpos. “En el panteón forense ahora no se inhuman, se preservan [los cuerpos] en un lugar específico”, explicó.
El funcionario reiteró que el proceso es para crear una base de datos genética donde se ingresan perfiles de los familiares. La correlación se hace de manera sistematizada. No hay ninguna identificación, sostuvo, con algún familiar. “De los más activos, y los que podrían ser, no tienen denuncia, no han venido a la FGE”, señaló.
