Su cuerpo permaneció en la morgue durante cuatro días sin que nadie lo reclamara, hasta que aparecieron sus hijos, que vinieron de otra ciudad para llevárselo discretamente, sin informar dónde lo sepultarían. Se le considera el único responsable de las muertes que ocasionó, se dijo que era un desequilibrado mental y que nadie podría haber previsto lo que ocurriría; sin embargo, su historia también permite mirar en los rincones de la burocracia y lo que en ellos se reproduce.

“F” es agente de la fiscalía de Jalisco, lleva lentes oscuros que no se quita para hablar, el día en que ocurrieron los hechos estaba en el estacionamiento de la dependencia, ahí escuchó las detonaciones, desenfundó su arma y fue a ver qué ocurría, igual que muchos de sus compañeros.

“En este caso, el único culpable está bien muerto, los demás son víctimas de un loco, del exceso de confianza, de la falta de criterio o de la política, tal vez”, dice cuando rememora el miércoles 14 de septiembre: ese día Luis Homero Águila —un escribano que llevaba lustros utilizando una vieja máquina para llenar formularios de denuncias bajo una sombrilla a las afueras de las oficinas ministeriales— ingresó al área de Atención Temprana y disparó a quemarropa contra cuatro mujeres. Las cuatro recibieron impactos en la cabeza, una murió ahí, dos más fallecieron días después en el hospital, la única sobreviviente sigue con atención médica y en estado delicado.

Cada una de las puertas de las instalaciones de la Fiscalía del Estado, en la Calle 14 de la Zona Industrial, de Guadalajara, está custodiada por al menos un par de elementos con rifles de alto poder, excepto, la del área de Atención Temprana, puesto que es el lugar de primer contacto para quienes buscan interponer una denuncia; la gente entra y sale sin revisión alguna, sólo un policía resguarda la entrada.

Una vez dentro, en los cubículos, agentes del Ministerio Público y personal de Trabajo Social tienen contacto directo con los usuarios. El día en que todo ocurrió Luis Homero, a quien apodaban El General Águila por su pasado militar, entró sin ningún problema ocultando dos armas bajo la ropa, una calibre 22 y otra 38.

Esa tarde, el fiscal del estado, Eduardo Almaguer, aseguró que el agresor había entrado a las instalaciones a buscar a un agente del Ministerio Público y al salir se detuvo en el área de Atención Temprana donde disparó a mansalva sobre las cuatro mujeres y después fue abatido; reconoció que hubo un grave error por parte de los elementos que resguardan los accesos.

Almaguer identificó al agresor: “Se trata de un sujeto de 56 años de nombre Luis Homero Águila, quien se hacía llamar El General Águila y decía ser ex militar”; más tarde, ese mismo día, se dijo que Águila tenía problemas de conducta y que el ataque parecía derivarse de una denuncia que no avanzaba contra un dentista al que acusó de supuesta negligencia médica al extraerle las muelas y causarle neuralgias.

Pero dicen que el demonio se esconde en los detalles: ese día Águila ingresó como muchos otros días a las instalaciones de la fiscalía, buscó a un agente del Ministerio Público que no estaba en su lugar y al salir se detuvo en el área de Atención Temprana, donde inició una conversación con la agente del Ministerio Público; lo que se dijeron únicamente lo conocen ellos y las tres trabajadoras sociales que estaban ahí.

“Lo del dentista fue la explicación más fácil, es una historia que estaba en los medios y era mejor decir eso que declarar que era un sujeto con rencor hacia la corporación. Era un loco y hubo exceso de confianza, pero tampoco se puede decir que fue un ataque directo, ni que hubo un mensaje, esto pudo haber pasado en cualquier lado”, afirma “F”, mientras ajusta sus lentes sobre la nariz.

—¿Pero qué le dijo para hacerlo enojar así?— se le cuestiona.

—Cualquier cosa, no era algo que no hubiera pasado antes, él era bipolar, yo creo, porque podías estar hablando con él tranquilamente y después se exaltaba mucho por algo que no le parecía; el problema es que ese día estaba armado y que en lugar de pedirle a un guardia que lo sacaran, la ministerio público [Laura Castañeda Amaral] del área de Atención Temprana lo confrontó— insiste “F”, quien baja la cabeza para dejar ver sus ojos por encima de las gafas; después se rasca la cabeza y suelta algo que linda entre la reflexión y la justificación: “También hay que entender que en Atención Temprana se ven cientos de casos y personas al día, muchas que llegan molestas, y es difícil guardar la compostura siempre, somos humanos”.

“B” es otro elemento de la fiscalía, conoce perfectamente el lugar donde cayó abatido el cuerpo robusto de Águila por los disparos en el pecho, boca arriba, con la guayabera negra un poco abierta y los brazos abiertos a la altura de la cabeza: “A un metro de distancia no les falló, estaba frente a ellas, sacó una de las armas y jaló el gatillo, no necesitaba ser experto; hubiera podido matar a más personas, pero cuando disparó por cuarta vez varios ministeriales lo tenían en la mira. ¡Pum, pum, pum! Cayó”.

Del otro lado del cubículo, la trabajadora social María Verónica García yacía muerta con un disparo en la cabeza; Araceli Bautista Rocha, Elizabeth Flores Sánchez y Laura Castañeda Amaral estaban mal heridas y esperaban atención médica; sin embargo, las dos últimas murieron días después en el hospital.

—Suelta la pistola, le gritaron —continúa “B” con el relato— y todavía el cabrón voltea y dice: “¡Qué, si yo estoy enfermo!”; pero nomás volvió a levantar el arma, ¡pum!, piso, porque en ese momento era un asesino y no sabes a quién más le vaya a disparar.

El Matamuelas y el odio al gobierno

Tras el ataque, el fiscal Eduardo Almaguer indicó que una de las líneas de investigación tenía que ver con un litigio de Homero Águila contra Rubén Martínez Maldonado, dentista que en 2002 le habría dañado cinco muelas.

En 2014 el caso se documentó en medios locales como una denuncia ciudadana y aunque llegó a la Comisión de Arbitraje Médico de Jalisco, no encontró elementos para proceder en contra del dentista; en la fiscalía, Águila llevaba una querella en la que exigía una indemnización de 500 mil pesos e inhabilitar al médico, a quien apodó El Matamuelas y hasta le escribió un rap que publicó en YouTube, en el que dice que “estaba preparado, pero para fregarte”.

En la fiscalía el caso estaba en proceso de conciliación, pero la versión que daba Homero Águila en las cartas que enviaba a distintas dependencias es confusa: en una de ellas, recibida por el Congreso de Jalisco, acusa al gobierno estatal de estarlo orillando a hacer justicia “con propia mano” y más adelante cambia su versión.

“Yo he manifestado por escrito que obligan a los agraviados a hacerse justicia por propia mano y como yo siempre he sido un dolor de cabeza para los malos gobiernos, para ellos sería excelente si matara al Matamuelas [o intentara asesinarlo] y sólo así me refundirían en un penal como el matadentistas”, señala la carta fechada el 27 de junio de 2016; sin embargo, párrafos después señala que el Matamuelas está a punto de ser arrestado porque pronto se resolvería una orden de aprehensión en su contra.

Hoy, el consultorio que Martínez Maldonado tuvo en uno de los viejos edificio de la Avenida Chapultepec, una concurrida zona de bares y restaurantes hipsters en Guadalajara, está vacío: “Hace más de tres años que ya nadie despacha ahí y desde entonces está cerrado”, dice el conserje cuando se pregunta por el dentista.

“Yo creo que en el fondo lo que tenía era un odio profundo contra el gobierno, decía que cuando fue militar tuvo problemas con Gutiérrez Rebollo y lo dieron de baja sin pensionarlo; últimamente le regresaban todos sus escritos, porque con el nuevo sistema penal hay formatos para hacer las denuncias y los escritos que él presentaba estaban llenos de errores; él decía que le querían quitar el trabajo”, señala “B”, quien lo veía a diario en el Escritorio Público El Paraguas, la pequeña sombrilla que Águila consideraba su despacho.

Las denuncias de corrupción y los señalamientos contra distintos funcionarios, desde el Presidente hasta algún agente del Ministerio Público, eran frecuentes en sus misivas.

En otra de sus cartas, siempre escritas en su vieja máquina Remington, expone que el nuevo sistema acabaría con su empleo: “Con este sistema de que en Recaudadoras —los sitios en que se pagan los trámites estatales— quieren los números de las carpetas de investigación no judiciable, desde luego que no tiene caso que me reciban mis escritos en Oficialía de Partes, porque me los van a regresar de las Recaudadoras y, en otras palabras, se salieron con la suya en la fiscalía de dejarme sin trabajo”.

Alcohólico y solo

“Sé que vivía con una mujer, ahí cerca de donde antes estaba la fiscalía, pero dicen que tenía problemas con el alcohol, le gustaba beber y por eso lo dejó la mujer; tuvo dos hijos con él y después no sé a dónde se fue”, asegura “F”.

Según los documentos con los que algunas dependencias respondieron a los escritos de Homero Águila, vivía en un edificio deteriorado de la Avenida Niños Héroes, en la Colonia Americana de Guadalajara, una de las zonas donde ha detonado el crecimiento vertical de la ciudad, pero nadie abre la puerta de su cuarto, el primero al traspasar la reja.

Uno de los vidrios biselados del portón de metal está roto y a través del pequeño resquicio se puede ver parte de lo que fue la casa de Luis Homero Águila: cosas tiradas, una pared descolorida y polvo; dicen que vivía con tres perros, pero no hay rastro de ninguno, la fiscalía ha cateado el cuarto en busca de pistas.

“Él cuidaba aquí y le daban chance de vivir en el cuarto, aparentemente era alguien tranquilo, ¿de las armas? No sé, supongo que las tenía aquí para cuidar”, dice un hombre que sale caminando del estacionamiento subterráneo del edificio y niega tener más datos.

Un día después del ataque estalló un conato de huelga en la fiscalía, los empleados amagaron con un paro general, si no renunciaban tanto el fiscal central, Rafael Castellanos, como el fiscal general, Eduardo Almaguer; después de horas de negociaciones se conjuró el paro y unos días más tarde Castellanos fue destituido.

“Estábamos enojados. Castellanos y el comandante encargado de la guardia ese día fueron los que la pagaron, aunque, como te dije, el único culpable está bien muerto”, insiste “B”.

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