estados@eluniversal.com.mx
María Ordoñez, indígena guatemalteca de 36 años, fue detenida la tarde del pasado 27 de febrero en el Centro de Atención Integral al Transito Fronterizo (CAIF) del municipio de La Trinitaria. A 52 kilómetros, su hijo de nueve años agonizaba por una complicación intestinal.
A principio de año, María llegó con sus seis hijos a Nueva Linda, comunidad de Chiapa de Corzo, para emplearse con propietarios de fincas.
Miguel enfermó y estuvo internado en el hospital de Comitán de Domínguez por una peritonitis. Fue dado de alta y, por un descuido, recayó. María decidió llevarlo de regreso al hospital, pero no lo consiguió. Fue detenida y Miguel quedó tirado en la calle.
Candelaria Vázquez, de 62 años, encontró al niño agonizante y decidió ayudarlo. Corrió a su casa por retazos de tela, alcohol y agua y regresó a donde estaba el niño. Con la ayuda de algunos hombres lo colocó bajo un árbol; le vendó el abdomen, porque “sus intestinos se le habían salido” y a los pocos minutos el niño empezó a reaccionar. Cuando María fue liberada se fue a vivir con sus seis hijos a una choza que le prestó Candelaria.
Trabajo infantil. Cada año, familias guatemaltecas cruzan con sus hijos para trabajar en campos agrícolas de Chiapas.
El Instituto Nacional de Migración (INM) tiene en su registro que, de enero a octubre de 2016, ingresaron a territorio mexicano 89 mil 48 personas principalmente de Guatemala, residentes temporales 29 mil 456 y 13 mil 035 trabajadores fronterizos que se quedaron en Chiapas.
Las familias que entran a México para laborar en los campos agrícolas lo hacen con sus hijos, quienes también devengan salarios para el corte de café, melón, maíz, tomate y cebolla.
No hay cifras oficiales del número de niños guatemaltecos que laboran en los campos agrícolas. Cálculos de algunas organizaciones indican que hay más de un millar de ellos como vendedores de dulces en las calles y basurero de Tapachula.
Miguel Maldonado es uno de esos niños guatemaltecos que todos los años llegan a laborar. Hace unos años su padre abandonó a la familia.
Desde entonces, María supo que en el distrito de riego de San Gregorio Chamic, donde se ubica Nueva Linda, había trabajo en los ranchos y ahí llegó después de recorrer unos 30 kilómetros desde su aldea a la frontera con México, para levantar una champa en el ejido mexicano, donde conviven indígenas tzotziles, tojolabales y guatemaltecos de la etnia mam y poptí.
El trabajo infantil de mano de obra guatemalteca es desapercibido por las autoridades mexicanas. El año pasado, en noviembre de 2015, la Fiscalía Especializada en Delitos Cometidos en Contra de Inmigrantes (FEDCC), localizó a 10 niños que trabajaban en la finca San Lorenzo, ubicada en la Ruta del Café, entre Tapachula y Nueva Alemania, donde percibían 1.50 pesos por cada kilo de café cereza recolectado.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió “medidas cautelares para proteger y salvaguardar a los niños y adolescentes que laboran en las fincas cafetaleras ubicadas en las faldas del volcán Tacaná, pero no hubo ninguna otra acción”. El Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova asegura que “la migración de niños que buscan trabajar en México o Estados Unidos es una tragedia y una injusticia que crece”, porque huyen de la violencia, pobreza y exclusión en sus países de origen o para reunirse con sus familias.