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Por décadas, en esta ciudad el humo de las industrias era visto como sinónimo de progreso, según consta en el escudo de Nuevo León, creado en 1943: en su cuartel diestro inferior presenta cinco chimeneas humeantes que corresponden a la desaparecida Fundidora de Fierro y Acero de Monterrey que, constituida en 1900, llegó a ser la acerera más importante de América Latina.
Fue controlada por el estado en 1977 y finalmente cerrada en 1986, por supuesta improductividad y obsolescencia tecnológica. En los años finales de operación, la fundidora era motivo de quejas por parte de los vecinos de colonias aledañas, que hacían “pasteles” de varios niveles con los polvos ferrosos que arrastraba el viento hasta los patios y techos de sus viviendas para exigir la atención de la autoridad.
Así, esta emblemática empresa, pilar del desarrollo industrial y económico de la entidad, fue símbolo y realidad de la otra cara del progreso: la contaminación y el deterioro ambiental.
Según el secretario de Desarrollo Sustentable de Nuevo León, Roberto Russildi Montellano, al año son liberadas a la atmósfera del área metropolitana 785 mil toneladas de emisiones contaminantes, las cuales provocaron que en 2015 se registraran 240 días fuera de la norma por partículas menores a 10 micras (PM10), 50 días por partículas menores a 2.5 micras (PM2.5) y 53 por presencia de ozono (O3).
El problema continuó en 2016, con 60% de los días con emisiones por arriba de los límites aceptables establecidos en 50 puntos IMECA.
El costo que representa para la sociedad este fenómeno, de acuerdo con el mismo funcionario, es de 316 muertes por año, así como pérdidas por 8 mil millones de pesos anuales por baja productividad y gastos médicos para atender las enfermedades que causa la polución como alergias, cáncer y padecimientos respiratorios y cardiovasculares, entre otras.
La ciudad más contaminada. El problema de la polución, sostienen los expertos, se debe a una deficiente aplicación de las normas ambientales e insuficiente canalización de recursos; en tanto, organizaciones civiles y ecologistas locales lo atribuyen a la falta de un adecuado ordenamiento en el desarrollo urbano, por negligencia, corrupción o desconocimiento de autoridades responsables.
Un factor que contribuye a que Monterrey sea considerada la ciudad más contaminada no sólo del país sino de América —como dijo recientemente el gobernador Jaime Rodríguez Calderón con base en datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS)—, es la carencia de áreas verdes.
Lo anterior se agrava porque en los últimos 15 o 20 años, según el secretario de Desarrollo Sustentable, Roberto Russilidi, la mancha urbana pasó de 50 mil a 115 mil hectáreas, al tiempo que se otorgaron anualmente, entre 1999 y 2000, hasta 60 mil créditos hipotecarios para vivienda.
Debido a la autonomía municipal que concedió el Artículo 115 constitucional hubo una disociación entre el estado y los municipios en los planes de desarrollo urbano, a tal grado que si en una parte se había autorizado industria pesada, enfrente se permitió un fraccionamiento habitacional.
Recuento de daños. Mientras la OMS recomienda un mínimo de nueve metros cuadrados de áreas verdes por habitante, el secretario de Desarrollo Sustentable reconoce que la zona conurbada sólo dispone de 3.58 metros.
El ambientalista Guillermo Martínez estima que para cubrir el déficit actual de mil 500 hectáreas sería necesario plantar más de un millón de árboles.
En un estudio realizado en 2004 la investigadora Nathalie Roccatti estableció que en la zona metropolitana solamente San Pedro cumplía los estándares internacionales con 18 metros cuadrados (m2) por habitante, seguido de San Nicolás, con 6.1 m2; Monterrey, 4.8; Guadalupe, 3.3; Santa Catarina, 2.4; Escobedo, 2.2, y Apodaca, 1.7 m2; sin embargo, más que campañas de arborización en los últimos años se han destacado algunos “ecocidios”:
En septiembre 2011, en un predio de 24.5 hectáreas aledaño al bosque La Pastora, constructoras contratadas por Grupo Femsa derribaron —según agrupaciones ambientalistas— unos 10 mil árboles para construir el nuevo estadio de futbol de los Rayados. Dicho terreno fue cedido en comodato gratuito por 60 años por el gobierno de Rodrigo Medina, con aval del Congreso.
Para compensar el daño ecológico, y con una inversión de 120 millones de pesos, Femsa plantó 2 mil árboles a lo largo de tres kilómetros del río La Silla (el único río vivo que conserva el área metropolitana, pues otros dos están gravemente contaminados).
Además, colocó luminarias, bancas, contenedores de basura y módulos para hacer ejercicio. Para construir el inmueble deportivo aplicó 200 millones de dólares, unos 4 mil millones de pesos al valor actual.
Otro caso: El parque Fundidora, creado a partir de 1988 en un terreno de 114 hectáreas donde estuvo desde 1900 hasta 1986 la acerera más importante de América Latina (La Fundidora), ha perdido su vocación ecológica, cultural, recreativa y familiar que se le dio cuando el gobierno federal, durante el sexenio del ex presidente Miguel de la Madrid, cedió a Nuevo León el predio al que posteriormente se le adicionaron 28 hectáreas.
Ambientalistas locales consideran que el parque ha perdido aproximadamente 30% de sus espacios por el establecimiento de un hotel Holiday Inn, el Centro Internacional de Negocios, el parque Plaza Sésamo, la Arena Monterrey, el Auditorio Banamex, Papalote Museo del Niño, una pista de hielo, el parque temático La Casa de los Loros, y el Salón de la Fama de Beisbol —que se cristalizó ya en el gobierno de Rodríguez Calderón— y se empezó a construir el 30 de noviembre de 2015, por gestiones del empresario Alfredo Harp Helú.
En otro caso de daños al medio ambiente, al sur de Monterrey, a orillas del río La Silla, la constructora Corza inició el 28 de octubre de 2015, pese a protestas de los vecinos, el desmonte de siete hectáreas para la construcción del fraccionamiento Stanza, gracias a que el 27 de julio de 2015 la Semarnat autorizó el cambio de uso de suelo de Zona Protegida Federal y de alto riesgo de inundaciones al tipo habitacional.
Y a lo largo de varias décadas, la Sierra de las Mitras, una elevación de 3 mil 744 hectáreas al poniente de Monterrey ha sufrido, según el biólogo Antonio Hernández Ramírez, la destrucción irreversible de 531 hectáreas (la séptima parte de su extensión), por la acción de 12 empresas pedreras que han extraído miles de toneladas de arena y cascajo para la industria de la construcción y del cemento.
Temprana advertencia. La industria de extracción de caliza, que ha depredado los cerros del Topo Chico, Las Mitras y la Sierra de San Miguel, ha sido responsabilizada de generar la mayor parte de la contaminación que afecta a los municipios de García, Santa Catarina, una parte de San Pedro, Escobedo y el poniente de Monterrey.
Con la declarada intención de resolver el problema de polución, el entonces gobernador de Nuevo León, Alfonso Martínez Domínguez, decretó el 4 de enero de 1982 establecer el mes de marzo de 1983 como plazo para la reubicación de las pedreras de los cerros del Topo Chico y las Mitras. Sin embargo, transcurrido el plazo, sólo fueron reubicadas las pedreras del cerro del Topo Chico, mientras permanecieron seis plantas en las Mitras, que afectan mayormente a Santa Catarina.
En abril de 1993, 10 años después, el entonces subsecretario estatal de Salud, José Cavazos López, declaraba que debido a las emisiones contaminantes de la industria, Nuevo León presentaba una prevalencia de cáncer en vías respiratorias tres veces mayor a otras entidades del sur del país, y que los casos cancerosos se concentraban en el poniente del área metropolitana.
El 28 de diciembre de 2015, días después de fracasar en su intento de establecer la verificación vehicular al no contar con la aprobación del Congreso ni el apoyo de la sociedad, el gobierno de Nuevo León declaró una contingencia ambiental debido a concentraciones de 240 y 250 puntos IMECA, en San Pedro y Santa Catarina.
Entre otras medidas, se ordenó la suspensión de actividades de las empresas de extracción de caliza y se sugirió a la población no realizar ejercicios prolongados al aire libres.
El pasado 13 de octubre, en su primer Informe de Gobierno, Jaime Rodríguez Calderón replicó la acción mediática de Martínez Domínguez 33 años atrás, al girar instrucciones desde la tribuna del Congreso para que la Secretaría de Desarrollo Sustentable cerrara todas las pedreras del estado (48), hasta que se comprometieran a controlar sus emisiones, lo cual hicieron de inmediato y a la semana siguiente todas, menos dos, ya operaban.
Sin embargo, según el Sistema Integral de Monitoreo Ambiental (SIMA) —que depende del gobierno estatal y cuenta con 10 estaciones—, a más de un mes de anunciado plan para regular las pedreras y tras revisar al azar datos de cuatro días entre el 17 y 29 de noviembre, no se presentaron índices satisfactorios de calidad del aire.
El gobernador de Nuevo León había señalado que el aire estaría más limpio, pero al subir nuevamente los puntos IMECA, con la llegada de las bajas temperaturas y los fenómenos de inversión térmica, dijo hace unos días en reunión con organizaciones:
“Aunque, emblemáticamente, las pedreras eran el demonio de la contaminación, sabíamos que sólo eran del 3% al 5% del total de la contaminación”. Por eso ahora quiere ir sobre empresas como Pemex, transporte público de pasajeros y privado de carga.
Como hace un año, insistió en la verificación vehicular. A integrantes de la sociedad civil dijo en tono de reproche: “el ente que más contamina es el automóvil; cuando lo he dicho me va como en feria, muchos se van encima de mí, muchos de ustedes prefieren ver niños con problemas respiratorios, tienen hijos o nietos y no aceptan que tienen que verificar su vehículo”.
Según la secretaría de Desarrollo Sustentable, en la entidad hay más de 2 millones de vehículos que emiten el 45% de las sustancias contaminantes; la revisión, según el gobernador, costaría “méndigos 400 pesos”, que los nuevoleoneses no quieren pagar por desconfianza en prácticas de corrupción que hubo en el pasado.
Pese al problema de contaminación, el gobierno de Nuevo León destinó para 2017 al rubro de Protección Ambiental solamente 94 millones de pesos, 19.4% menos que en 2016.