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Antonio Vega Gaxiola, quien en junio de 2014 fue electo por el Congreso del Estado como Auditor Superior del Estado para un periodo de siete años, presentó su renuncia por escrito a la presidenta de la Junta de Coordinación Política del Poder Legislativo, la diputada Irma Leticia Tirado Sandoval.
El pasado 6 de diciembre, un grupo de regidores priístas del municipio de Mazatlán presentó una denuncia en su contra ante la LXII Legislatura, presuntamente por no actuar en contra del alcalde panista, Carlos Feltón González, que contrató en arrendamiento 77 vehículos con un sobreprecio de 50 millones de pesos.
La regidora Esperanza Kazuga Osaka y Humberto Berrera documentaron que pese a la auditoría practicada al ayuntamiento panista, en la revisión del contrato suscrito de renta de vehículos por 120 millones de pesos a cubrir en 36 parcialidades, no se realizaron observaciones.
Vega Gaxiola, previo a la notificación de su renuncia al cargo, había declarado que en la revisión de las cuentas públicas del segundo semestre del ejercicio presupuestal de 2016 del Congreso del Estado se verificaría la contratación de familiares de diputados.
Comentó que este caso tendría que verse hasta el próximo año, una vez que se entre en la revisión de las cuentas públicas del Congreso, en virtud de la divulgación mediática de que seis diputados tenían familiares contratados como asesores o secretarios técnicos.
Vega, con una larga trayectoria en el sector público y privado, fue propuesto por autoridades de la Universidad Autónoma de Sinaloa como uno de los aspirantes a ocupar el cargo de Auditor Superior del Estado, en sustitución de Marco Antonio Fox Cruz, quien falleció en un accidente.
Con 38 votos a su favor (de 40 miembros del Congreso del Estado), el 17 de junio de 2014 fue electo para ocupar el cargo, con un salario neto de 64 mil 954 pesos, por un periodo de siete años.
Durante su desempeño como auditor presentó un total de 93 querellas judiciales contra ex funcionarios municipales, entre ellos ex alcaldes por presuntos actos de desvíos de recursos públicos y asignaciones de bonos de fin de trienio.
Vega Gaxiola negó tener compadrazgo con el tesorero municipal de Mazatlán, Carlos Tapia, y estableció que en la revisión de las cuentas públicas del puerto no se encontraron irregularidades, como lo tipificaron algunos miembros del Cabildo.
Señaló que estaba abierto a cualquier investigación, en virtud de que las auditorías que se practican a los ayuntamientos y gobierno del estado se apegan a la normatividad y las observaciones que se hacen a los funcionarios; éstos tienen derecho a solventarlas en forma satisfactoria o devolver los recursos mal aplicados o desviados.
spb
