Ante el anuncio que este fin de semana hizo el rector de la Universidad Autónoma de Nayarit (UAN), Jorge Ignacio Peña González, sobre la falta de recursos para pagar los aguinaldos de más de 6 mil trabajadores de la institución, el Movimiento por la Dignificación Universitaria, integrado por personal administrativo y docente, llamó a realizar una investigación contra el ex rector Juan López Salazar, a quien responsabilizan de la crisis financiera.
Los inconformes exigieron un plan de reestructuración financiera, administrativa, académica, política y normativa de la institución.
“Exigimos la separación y reconstitución del Fondo de Pensiones y Jubilaciones y que se defina un nuevo instrumento de regulación que le reste facultades a la figura rectoral y al mismo tiempo que se cree como una figura descentralizada y autónoma de composición colegiada”, señalaron.
También pidieron que se transparente el uso de los recursos que administra el patronato de la universidad y democratizar esta instancia.
Según lo reportado por Peña González, el déficit de la UAN es de por lo menos 9 mil millones de pesos, por lo que para no dejar de pagar la segunda quincena de diciembre se decidió no devengar gasto operativo ni las cuotas de retiro, invalidez y cesantía de los trabajadores ante el IMSS.
Por su parte, el director de la Escuela de Derecho solicitó ante el pleno del Consejo Universitario que se pida la intervención de la Unidad de Inteligencia Financiera del Servicio de Administración Tributaria (SAT) para investigar la administración del ex rector López Salazar, pues en noviembre pasado el Órgano de Fiscalización Superior del Estado detectó trasferencias irregulares por más de 583 millones de pesos durante su gestión.
Por estos hechos, el auditor del estado, Roy Rubio, interpuso tres denuncias penales ante la Fiscalía de Nayarit contra el ex rector y quien resulte responsable de los delitos de peculado y ejercicio indebido de funciones.
Tras ratificar las querellas, peritos contables de la Fiscalía auditan las cuentas de la UAN, en tanto que rectoría ha solicitado una auditoría paralela a un despacho externo.