La Comisión Estatal de Derechos Humanos emitió las Recomendaciones 23 y 24, dirigidas a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, al resolver tres expedientes de queja presentados en los años 2015 y 2016, por hechos ocurridos en el Penal del Topo Chico donde fallecieron dos personas y once resultaron heridas.
La recomendación 23 corresponde a los expedientes 151/2016 y 339/2015, por una queja que se abrió de oficio. El expediente 115, se refiere al asesinato del reo Mario Alberto Vázquez Zarazua, de 40 años de edad, ocurrido el 27 de abril de 2016 en la celda 1 del ambulatorio B10, donde fue localizado sin vida con huellas de múltiples golpes.
Mientras el expediente 339/2015, se refiere a una supuesta riña donde murió el presunto líder Zeta, Mario Alberto Roldán Zúñiga “El Fresa”, de 32 años de edad, que fue ultimado con arma punzo cortante, en tanto otros once internos resultaron heridos.
Y la recomendación 24 que responde al seguimiento del expediente 413/2015, por hechos que ocurrieron el doce de abril de 2015, y se refieren a una biopsia que se practicó a un interno del penal de Cadereyta, a raíz de la cual no puede mover un brazo. Esta queja se presentó el 23 de octubre de ese año ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDHNL).
La Comisión señaló que durante la investigación se evidenció la omisión de medidas apropiadas para proteger y preservar el derecho a la vida, a la integridad y a la salud de personas privadas de libertad.
“En la Recomendación 23, este organismo, reconoció el carácter de víctimas de dos personas que fallecieron y once que resultaron heridas en el Centro Preventivo y de Reinserción Social Topo Chico, en dos eventos distintos, donde se acreditó violaciones a los derechos humanos por parte de las autoridades penitenciarias, que no garantizaron la integridad y la vida de quienes se encuentran privados de la libertad en centros de reclusión”, expuso la CEDHNL.
En la Recomendación 24 “la CEDHNL, constató la violación a los derechos humanos por parte del Centro de Reinserción Social Cadereyta, por la omisión a garantizar el nivel más alto de salud posible de las personas que se encuentran privadas de libertad, al no brindar de manera oportuna la atención médica”.
La Comisión solicitó a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado el inicio de los procedimientos de responsabilidad administrativa en contra de quienes resulten responsables con motivo de los hechos señalados.
Asimismo expidió los siguientes resolutivos: Atención médica a las personas que resultaron afectadas en su integridad física; cursos de formación y capacitación sobre los principios y normas de protección de los derechos humanos; implementación de métodos o mecanismos para prevenir la violencia intra-carcelaria.
Además, demandó acciones conducentes para la contratación de personal de custodia, tendiente al cumplimiento de lo previsto en el artículo 174 de la Ley de Seguridad Pública para el Estado de Nuevo León; se lleven a cabo los trámites necesarios tendientes a consolidar e incrementar el equipo y tecnología de monitoreo y se colabore con la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas para la reparación del daño a los afectados.
afcl
