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Xalapa
“Será una vía rápida, una vía segura”, declaró el gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, aquel 3 de febrero de 2013.Al lado de funcionarios federales y estatales, el mandatario estatal colocó la primera piedra de la tan esperada autopista Xalapa-Córdoba, que uniría a la capital del estado con la zona montañosa central.
“Una vía de comunicación que permitirá más desarrollo, más empleo y más seguridad”, remachó Duarte de Ochoa en la comunidad de Chichicaxtle, del municipio de Puente Nacional, donde iniciarían las obras.
El proyecto preveía 71 kilómetros de autopista y el puente Prosperidad, que uniría a ocho municipios y reducirá a una hora con 20 minutos el trayecto de Xalapa a Córdoba.
“Una obra estratégica que aumentará la competitividad económica de los veracruzanos y alentará el intercambio de bienes y productos”, explicó. La supercarretera uniría a los municipios de Cuitláhuac, Paso del Macho, Camarón de Ojeda, Soledad de Doblado, Paso de Ovejas y Puente Nacional.
Ante el director general de Desarrollo Carretero de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Óscar Callejo Silva, se explicó que el puente Prosperidad sería el más moderno del país y formaría parte de un sistema más amplio para vincular la zona sur con la centro y norte a través de la autopista Tinaja-Cosoleacaque.
Y de paso se crearía un clúster comercial, turístico y de servicios entre ambas regiones, además que permitirá unir a los municipios con rapidez y seguridad, abaratar costos de producción y facilitar el turismo.
En su discurso, agradeció el respaldo del presidente Enrique Peña Nieto y resaltó que en Veracruz se da certeza, seguridad y oportunidades para todos.
Ni la primera piedra quedó en el lugar. No se concretó la obra. Ni se compraron los derechos de vía y ante el mal proyecto se canceló la licitación pública internacional para su construcción.
El área de Proyectos Especiales de la Asociación de Constructores del Estado de Veracruz (Acevac) explicó que la cancelación de la licitación pública se debió a fallas técnicas que cometió la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas del Gobierno del Estado.
Las constructoras interesadas en participar no llegaron a comprar las bases para las cuales se estableció un costo de 150 mil pesos, pues no había las metas específicas y a última hora solicitaron en contraprestación obras adicionales.
El actual secretario de Infraestructura y Obras Públicas, Julen Rementería del Puerto, consideró que la colocación de la primera piedra de la obra fue más bien una “tomadura de pelo” de Duarte de Ochoa.
El ex coordinador de delegaciones de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) del gobierno de Felipe Calderón, recordó que incluso la administración duartista creó un fideicomiso para dicha obra, pero no tiene ni contrato ni licitación ni recursos. Sólo hay un proyecto conceptual para que la autopista sea una administración pública privada, es decir, dársela a una empresa y a lo largo de los años la vaya pagando el Estado.
En ese sentido, dijo que en la administración (de dos años) del panista Miguel Ángel Yunes Linares no se prevé impulsar dicha obra “porque es un proyecto que no lo sacas en dos años, no hay ni derecho de vía”.
Hasta fideicomiso se creó. El 12 de diciembre de 2012 se creó de manera oficial el Fideicomiso para la Construcción, Operación, Explotación, Conservación, Administración y Mantenimiento de la Autopista Córdoba-Xalapa. Fue mediante decreto publicado en la Gaceta Oficial del Estado. El fin del organismo era afectar en propiedad fiduciaria bienes inmuebles requeridos para la construcción de la vía de comunicación; recibir aportaciones públicas para el desarrollo de la vía de comunicación y las aportaciones privadas del inversionista que serían concesionarios.
También diseñar, construir, operar y explotar la autopista Córdoba-Xalapa, por el término de concesión que el Gobierno del Estado otorgue al inversionista privado, entre otros.
Se desconoce si llegaron recursos públicos al fideicomiso, pero según los resultados de las auditorías de la Cuenta Pública de 2015, se estableció que al concluir la Fase de Comprobación del procedimiento de Fiscalización Superior, “se determinó que no existen observaciones que adviertan una presunta responsabilidad resarcitoria de los servidores o ex servidores públicos involucrados por posible daño a la Hacienda Pública estatal”.
Sólo se hicieron dos observaciones: la primera bajo el número FP-101/
2015/002 ADM, donde se detalló que el fideicomiso no presentó evidencia de que el fideicomitente haya cubierto en forma directa dentro de los primeros 5 días hábiles de cada mes los honorarios de la fiduciaria, porque el patrimonio del fideicomiso es insuficiente.
“Asimismo, el Fiduciario Banco Mercantil del Norte, S.A. con fecha 11 de julio de 2016, concedió una condonación de 50% de los honorarios fiduciarios generados hasta su liquidación; sin embargo, no presentaron evidencia del pago efectuado al fiduciario”.
Y la recomendación RP-101/2015
/001 pidió seguir las gestiones para realizar el procedimiento de extinción del fideicomiso según lo establecido en la normatividad aplicable, de forma que a más tardar para diciembre de 2016 se haya formalizado su extinción.
