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La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación al gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, El Bronco, para que se atiendan las deficiencias que presenta el penal de Topo Chico y se garanticen las medidas de seguridad necesarias.
El organismo que encabeza el ómbudsman nacional, Luis Raúl González Pérez, advirtió que en ese centro de readaptación social las condiciones de sobrepoblación, hacinamiento, autogobierno, inadecuada clasificación y la insuficiencia de personal técnico y de seguridad y custodia son imperantes.
Confirmó que los dos amotinamientos ocurridos entre febrero y junio pasados, que dejaron un saldo de 52 reos muertos, fueron producto de las deficientes condiciones.
Mencionó que en el resultado de su investigación se confirma que la falta de disciplina e inadecuadas condiciones de habitabilidad del lugar vulneraron los derechos humanos a la vida, a la integridad personal, al trato digno, a la seguridad jurídica y a la reinserción social de los internos.
Indicó que en el primer motín el penal contaba con sólo 49 elementos en servicio para una población de 3 mil 984 internos; para el segundo evento la población era de 3 mil 610 personas.
“Quedó acreditado que las mujeres no cuentan con espacios de reclusión exclusivos para ellas; al no existir adecuada separación, la convivencia entre mujeres y hombres se da con un deficiente control por parte de la autoridad penitenciaria”, dijo.
“Un sistema penitenciario estable debe integrar el control y la justicia como parte de la obligación de la autoridad para evitar que el orden colapse, procurando un trato equitativo y respetuoso de los derechos humanos, tendentes a lograr una reinserción social efectiva”, señaló González Pérez.
Remarcó que las omisiones, negligencias y carencias hacen que los grupos de poder tengan el control y las autoridades que quedan rebasadas.
“La CNDH solicita al gobernador de Nuevo León implementar un programa integral de estrategias y acciones que permitan, funcional, material y presupuestalmente, consolidar en la entidad un sistema penitenciario respetuoso de los derechos humanos, que fortalezca las condiciones de operatividad”, dijo.
Agregó que es necesario que se “elimine factores de riesgo como sobrepoblación, hacinamiento y autogobierno, que generan ambientes de violencia, para lo cual se deberá basar en las observaciones de los Diagnósticos Nacionales de Supervisión Penitenciaria y en la Recomendación del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura”.
En el informe de 2015, la CNDH señaló que en Topo Chico, en el área de mujeres se pudo documentar que dos reclusas realizaban cobros por el uso del teléfono, ingreso de visita familiar, alimentos, protección, asignación de estancia, para no cumplir una sanción y no realizar labores de limpieza.
Indicó que se observaron celdas ocupadas por una interna, con pantallas planas, aire acondicionado, microondas y frigo bares. “Las internas que ejercen el autogobierno son controladas por un grupo de reclusos del área varonil” y se ejerce la prostitución.
