La abogada del miembro del Grupo de Acción por los Derechos Humanos, Karla Micheel Salas, representante legal de familiares de las cuatro niñas y una joven que fueron asesinadas en Tamuín, informó que el gobierno estatal conformará un equipo interdisciplinario para garantizar que no quede impune el crimen, del que presuntamente es responsable el exmilitar Filiberto Hernández.
Tras reunirse con el Secretario de Gobierno, Alejandro Leas, Karla Micheel detalló que las autoridades estatales no estaban aportando más pruebas. Luego de que los familiares protestaron porque el presunto asesino (quien confesó en 2014 los cinco crímenes y dio indicaciones para que las autoridades encontraran los restos) fue absuelto en un caso, se reiniciarán las mesas de diálogo con las familias, que serán atendidas este viernes por el Procurador General del Estado, Federico Garza.
“Que puedan intervenir y aportar en las deficiencias que hemos encontrado, tanto en los procesos como en la sinvestigaciones, lo cual por supuesto que lo aplaudimos. Y lograr el objetivo que tenemos, lograr sentencias condenatorias en contra de esta persona, ese fue el primer compromiso”, explicó la abogada.
Respecto al caso de Rosa María Sánchez González, una niña que desapareció desde 2010, quien sería la primera víctima de las cinco que se le imputan a Filiberto; Karla Micheel explicó que los resultados de ADN que confirmarían si los restos hallados en el lugar que señaló el presunto, están en poder de la Procuraduría General de la República, pese a que desde hace dos años la PJGE de San Luis Potosí los tiene en su poder.
La abogada advirtió que en la reunión de este viernes estarán presentes representantes de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, y que de continuar con los retrasos en las indagatorias solicitarán la intervención de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
Piden castigo para funcionarios que no aportaron evidencia.
El Procurador General del Estado, Federico Garza, prometió investigaciones contra aquellos funcionarios públicos que hayan omitido aportar los peritajes y pruebas necesarias, lo que ocasionó la absolución del presunto responsable en uno de los casos.
Sandra Campuzano, mamá de Adriana Martínez, quien fue asesinada cuando tenía 13 años, pidió que las autoridades estatales deben tener responsabilidad de las omisiones que han retrasado el proceso de justicia.
Ruth Rivera, mamá de Eliohonae Chávez, la única mujer adulta entre las cinco víctimas, explicó que darán un voto de confianza a las autoridades estatales para que avancen en las investigaciones, pendientes desde hace dos años, cuando Filiberto fue arrestado.
“Hemos perdido la confianza en las autopridades. Yo quiero recuperarlas. Quiero tenerlas confianza, con lo que nos dijo el Secretario de Gobierno, parece que van a ir bien las cosas”, dijo.
