Autoridades y ciudadanos conocían el proyecto del complejo Grupo Solmar desde hace siete años y fueron testigos de cómo se fueron construyendo las cuatro cabañas en el polígono del Área Natural Protegida (ANP), que incluso ya se anunciaban como un spa “al final de la tierra”, coinciden especialistas ambientales, y acusan que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, (Profepa) tardó en reaccionar y clausurar la obra.

Alertan que en Los Cabos se está dando un crecimiento muy desordenado, desequilibrado y riesgoso. Un ejemplo —señalan— son las cabañas que están en una zona de peligro, pues de subir la marea podría inundarlas.

Los Cabos. Cabañas “al final de la tierra” dañan biodiversidad
Los Cabos. Cabañas “al final de la tierra” dañan biodiversidad

Las cabañas se autorizaron desde 2009 y los cabeños fueron testigos de cómo el corporativo se fue expandiendo hacia los acantilados, a unos metros —650, dicen los desarrolladores— del arco de Cabo San Lucas, el icono de este destino turístico internacional.

Las opiniones encontradas existen. Algunos defienden a quienes se les identifica como los pioneros del desarrollo turístico de este puerto, y otros advierten que se trastoca el paisaje natural, se pone en riesgo la biodiversidad de la zona, incluso, la seguridad de los visitantes, pues las cabañas se ubican en una zona rocosa, cerca del oleaje del Pacífico mexicano.

Rubén Reachi Lugo, empresario y ex director del Fideicomiso de Turismo de Los Cabos, dijo que espera que las autoridades federales aclaren lo antes posible el tema y puedan liberar las cabañas, pues la situación “daña la seguridad jurídica de la iniciativa privada”.

El pasado 25 de octubre, la Profepa clausuró estas cuatro cabañas. La medida ocurrió después de que se conociera públicamente el tema y se viralizara en redes sociales.

La dependencia informó que se hallaban dentro del polígono de un área natural protegida, el Área de Protección de Flora y Fauna de Cabo San Lucas; la empresa asegura que cuenta con los permisos correspondientes y que sus cabañas no se ubican en la zona protegida.

Los Cabos. Cabañas “al final de la tierra” dañan biodiversidad
Los Cabos. Cabañas “al final de la tierra” dañan biodiversidad

Al complejo Grand Solmar se accede luego de un recorrido en lancha desde la playa el Médano. En 20 minutos se comienzan a observar peces multicolores, lobos marinos y las últimas formaciones rocosas, junto al arco de Cabo San Lucas. Este punto se conoce como “finisterra”, o fin de la tierra. Justo allí, se unen los mares del golfo de California y el océano Pacífico.

En esta zona, los turistas pueden quedarse algunas horas en la pequeña “playa del amor”. La embarcación continúa, rodea el arco y entonces se observa la playa “del divorcio”. Casi de inmediato se aprecian los acantilados y luego Grand Solmar y sus cabañas spa.

Lancheros del lugar comentan que por el fuerte oleaje, la mayoría de las embarcaciones turísticas no pueden llegar a la playa.

Por tierra no hay acceso público. Quienes deseen lograr la aventura, deberán solicitar permiso a los guardias del lujoso complejo turístico y es muy probable —dicen—, recibir como siempre “un no”.

La publicidad del hotel incluso presume contar con “playa privada” y así lo destacan en sitios en internet, situación recurrente en los kilómetros de costa de todo el municipio.

Un hombre visionario

El Grupo Solmar fue fundado por el español Luis Bulnes Molleda (fallecido en 2011), que llegó a Los Cabos en 1955 y se convirtió en el pionero del desarrollo turístico en esta región.

Actualmente Grupo Solmar tiene en este destino una colección de propiedades que incluye Playa Grande Resort & Spa, The Ridge Luxury Villas, Somar Resort, Quinta del Sol y Grand Solmar Land’s End Resort & Spa, abierto este último desde 2011, en su primera etapa. Proyectan para el próximo año Rancho San Lucas, un nuevo complejo.

Luis Bulnes es reconocido en Los Cabos como un hombre “visionario” y altruista, impulsor de la creación de organismos empresariales, como el Consejo Coordinador Empresarial, la Cámara de la Industria Restaurantera, del Comercio, de la Transformación, y se le reconoce como donador y presidente del Patronato de Bomberos de Cabo San Lucas.

En mayo de 2009, en medio de la crisis económica, la familia Bulnes presentó el proyecto de las cabañas, acompañados del gobernador de entonces, Narciso Agúndez. La primera etapa estaría lista en 2011 y en 2013 habrían de finalizar, fecha que se extendió hasta el año pasado.

Las autoridades de los tres niveles de gobierno aplaudieron el proyecto, que se ubicaría detrás del cerro de El Vigía, en Cabo San Lucas, con vista al océano Pacífico; fue palomeado por la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), luego del análisis correspondiente, según expuso en los oficios de autorización del 13 de julio de 2009.

De acuerdo con la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) consultada por EL UNIVERSAL, se contempló la construcción de 12 áreas: edificio I, spa, muro marino, muro de contención, escollera, alberca spa, alberca VIP, alberca principal, terrazas y andadores, restaurante, áreas verdes y áreas libres, con una inversión de 114 millones 659 mil 300 pesos.

Contradicciones

Sobre el spa, describieron: “Se desplantará en alrededor de 400 metros cuadrados con estructuras no permanentes con base de palapas, el cual albergará pequeñas cabañas para tratamientos”.

Manifestaron que el desarrollo quedaba fuera de la zona de refugio submarino de flora y fauna y que no representaba mayores afectaciones en la zona.

Las últimas cabañas terminaron de construirse el año pasado. Los lancheros que llevan a los turistas a observar el arco de Cabo San Lucas lo saben bien. Quienes promocionan el recorrido, también. Justo como Juan y Ulises, quienes trabajan en la Marina vendiendo los tours.

“Primero hicieron el hotel y luego se fueron con las cabañas, que son un spa”, señala Juan. Se dice sorprendido de que apenas el pasado 25 de octubre la Profepa decidiera cancelarlas. Además, comenta que quienes conocen el lugar, saben que en temporada de huracanes, el oleaje es peligroso.

Para los entrevistados, el tema de la ampliación de los desarrolladores es de diario, al menos en los últimos años. Narran que son testigos del crecimiento de los viejos hoteles y la llegada de nuevos, “así empiezan todos, de poquito en poquito y luego ya no nos dejan pasar”, refieren.

El subprocurador de Recursos Naturales de la Profepa, Ignacio Millán, declaró que clausuraron las cabañas cuando tuvieron todos los elementos, aunque admitió conocer de su construcción a inicios de este año. Añadió que en la MIA de 2009 y en la modificación de 2014 no se mencionaba la construcción de las cabañas; no obstante, el documento disponible al público sí hace referencia a estas construcciones y fue aprobado por la Semarnat desde 2009.

Ramón Ojeda Mestre, secretario general de la Corte Interamericana de Arbitraje y Conciliación Ambiental y consultor en temas ambientales para la ONU, dijo a EL UNIVERSAL que este tema tendría que provocar una reflexión profunda entre sociedad civil, empresarios y la academia, sobre el crecimiento que está teniendo Los Cabos y las “flagrantes violaciones a las normas ambientales y a la lógica ambiental y de sustentabilidad”.

“Estamos presenciando un crecimiento muy desordenado, desequilibrado y riesgoso para Los Cabos… Los inversionistas tienen que entender que hay límites al crecimiento y nosotros ya los rebasamos”, expresó.

Para sus proyectos, los desarrolladores en Los Cabos toman en cuenta el Programa de Ordenamiento Ecológico local que data de 1995 y no ha sido actualizado. El área de Protección de Flora y Fauna de CSL tampoco cuenta con la publicación del Plan de manejo, pese a que fue decretada en 1973.

El titular del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda), zona noroeste, Agustín Bravo Gaxiola, confirmó lo anterior y agregó que precisamente estos instrumentos sirven para lograr un consenso social entre el desarrollo y la capacidad de carga de las localidades.

El Plan de Acción para BCS contra el Cambio Climático, integrado por instituciones de investigación, considera como vulnerable a la población asentada en la zona costera y particularmente en Los Cabos. Advierte la necesidad de que el sector privado “comprenda y se responsabilice de los efectos de la industria turística sobre el medio ambiente y las sociedades locales”.

BCS tiene una extensión territorial de 73 mil 475 kilómetros cuadrados y cuenta con 2 mil 230 kilómetros de costas (la mayor longitud de costas del país). Es territorio rico en biodiversidad, con 10 áreas naturales protegidas que juntas suman 3 millones de hectáreas, es decir, según el Inegi, 42% del territorio se encuentra bajo alguna categoría de protección.

La Secretaría de Turismo de BCS informó que en 2017, Los Cabos seguirá creciendo y tendrá 3 mil 900 cuartos nuevos instalados en este destino de playa, para llegar a los 19 mil.

EL UNIVERSAL buscó a los titulares de la Conanp en Cabo San Lucas, y de la delegación de la Profepa en La Paz, así como al corporativo Solmar, pero no atendieron la solicitud.

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