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Esta mañana la comunidad nahua de Santa María Ostula, en el municipio de Aquila, activó un bloqueo sobre la carretera federal 200 que va de Tecomán (Colima) a Lázaro Cárdenas (Michoacán) a la altura del entronque que lleva a la cabecera municipal para exigir que el gobierno de Michoacán cancele las órdenes de aprehensión en contra de Germán Ramírez Sánchez, uno de los comandantes de la policía comunitaria de esa población y director de Seguridad Pública de Aquila.
“Desde hace unas semanas la situación del municipio de Aquila y de la Comunidad Indígena de Santa María Ostula son de la mayor gravedad; tenemos conocimiento, por voz del propio gobernador de Michoacán, que nuestro comandante comunitario y director de la Seguridad Pública en el municipio de Aquila, el C. Germán Ramírez Sánchez tiene por lo menos tres órdenes de aprehensión por los mismos delitos por los que fue falsamente acusado nuestro también comandante Cemeí Verdía”, señala un comunicado emitido por las autoridades agrarias de Ostula.
Además, denunciaron que un policía comunitario de la comunidad indígena de Pómaro, Aristóteles Flores Chávez, quien se encontraba a cargo de Ramírez Sánchez, fue detenido desde hace semanas por el gobierno del estado y acusado por robo de alambre, como se hizo con Cemeí Verdía.
Indicaron que para detenerlo, las autoridades estatales lo llamaron a Morelia para realizar los exámenes de control y confianza, por lo que consideraron que se ha iniciado una persecución en su contra.
“A la par que el gobierno del estado se ensaña contra nuestros comandantes y policías comunitarios y la Marina Armada de México se hace como que no ve nada, en la parte oriente del municipio de Aquila ya se encuentran reorganizados y fuertemente armados los ex caballeros templarios con Federico González 'El Lico', 'El Tena', 'El Tuco' y 'Chuy Playas' a la cabeza”.
La comunidad refirió que el gobierno de Michoacán dejó en libertad a Antioco Ramírez y Juan Hernández, presuntos autores intelectuales de dos atentados en contra de Cemeí Verdía.
“La Procuraduría General de la República ha sido incapaz de llevar ante un juez federal a los integrantes del Ejército Mexicano que atentaron contra nuestra comunidad el pasado 19 de julio de 2015 y que quitaron la vida al niño Hidelberto Reyes García, mientras que la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas han sido igualmente incapaces de hacer o de exigir justicia para nuestra comunidad”, establece el comunicado.
Por lo anterior, anunciaron que el bloqueo se mantendrá 48 horas en espera de la respuesta de la autoridad y de no existir ésta o no ser satisfactoria, las movilizaciones irán aumentando.
Entre las peticiones de la comunidad también está la desmilitarización de la región Costa-Sierra de Michoacán, la aprehensión de las células delictivas que operan en la zona, el respeto y garantías para el funcionamiento de las policías comunitarias de Aquila, Coahuayana, Chinicuila y Coalcoman y la cancelación de las concesiones mineras otorgadas dentro de su territorio.
El bloqueo es apoyado por las policías comunitarias de Aquila y Coahuayana y la comunidad de Huizontla.
pmba
