Familiares de desaparecidos exigieron a la Fiscalía General del Estado (FGE) investigaciones reales, porque ellos han tenido que ser detectives de sus propios casos, y exigieron que se realicen más de 450 pruebas de ADN que corresponden al número de cuerpos que están en el Servicio Médico Forense (Semefo) sin ser identificados y próximos a sepultar en el panteón ministerial.
En conferencia de prensa, Guadalupe Rodríguez Narciso, madre de José Molina Rodríguez, desaparecido desde el 4 de julio de 2014, informó que la organización a la que pertenece “Colectivo de padres y familiares de desaparecidos, secuestrados y asesinados en el estado y el país” reclama la presentación con vida de la familia García Feliciano desaparecida desde el 18 de octubre en el municipio de Zitlala.
Desde finales de agosto, explicó Rodríguez, se reunieron con grupos de familiares de desaparecidos de Acapulco, Chilapa, Mártir de Cuilapan, Zitlatla, Iguala y padres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. “Nosotros acordamos estar en lucha y unidad; exigir por todos para que nos hagan caso. Ya hicimos dos plantones en la Ciudad de México, para hacer fuerza”.
Lamentó que en Guerrero no se respete la cadena de custodia, procedimiento que reúne los indicios del delito, localización, análisis de ADN, peritajes, y por ello la FGE tiene identificados sólo 20 cuerpos de los casi 500 que fueron, en su mayoría, personas asesinadas. “Pedimos al gobernador cadena de custodia, registros y ese trabajo que se tiene qué hacer a los cadáveres de acuerdo a la ley, pero no lo hay”.
El colectivo está integrado por al menos 400 víctimas indirectas de desaparición que buscan a más de 100 familiares a los que no ven desde hace varios años —hay casos desde 2009— explicaron integrantes del mismo. “Queremos resultados de la búsqueda de esa familia (García) y exigimos avances de nuestras denuncias”.
Tiene casos, contó Rodríguez, como el de Saira, una joven cuya familia pudo enterrar hasta diez meses después de que la identificaron en el Semefo de Chilpancingo, porque no se cumplió con los procedimientos periciales adecuados. “Sabemos que esos cadáveres (450) van a ser depositados en el panteón ministerial sin registros, sin cadena de custodia, ni protocolos adecuados”.
En su caso el Ministerio Público les dice que no hay qué investigar “porque no vimos nada, quieren que les digamos quién se llevó a mi hijo (31 años)… No llenamos ese vacío en nuestra familia. Mi hijo tiene tres hijos, uno ya tiene repercusiones psicológicas y asegura que va a matar a todos los secuestradores”.
Otro integrantes del colectivo, Noé Alarcón Aguilar, ex alcalde de Leonardo Bravo, aseguró que él mismo ha tenido que investigar sobre el paradero de su hijo secuestrado el pasado 9 de febrero de 2014. Pagó rescate, pero no supo de él. Le ha dicho a la FGE lo que ha investigado aún cuando fue amenazado, pero tampoco hay avances.
Para su colectivo es importante que la FGE encuentre a la familia que desapareció en Zitlala, que colinda con Chilapa, un municipio donde las autoridades han reconocido la disputa entre “Los Rojos” y “Los Ardillos”. Partieron el 18 de Tlacozotitlán, Copalillo, un lugar vecino a Chilapa, rumbo a ese municipio cuando desaparecieron.
Aunque hay búsqueda coordinada por la Secretaría de Seguridad Pública no hay indicios del paradero de la familia.
Pidieron que todo el país sea declarado en emergencias ello ante el anuncio de la visita del Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas a Chilapa, este viernes, lugar donde la organización “Siempre Vivos”, junto a Zitlala, registra desde 2014, al menos 120 casos de desaparecidos.
Noé Alarcón advirtió que no permitirán que esos 450 cuerpos se entierren sin ser reconocidos. “No vamos a permitir que ocurra lo mismo que en Morelos, Coahuila… No se vale que las autoridades sean omisas, que eludan su chamba”.
afcl