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La asociación civil Somos Tus Ojos Transparencia por Quintana Roo presentó una denuncia penal ante la Oficialía de Partes de la Procuraduría General de la República (PGR) contra 11 presuntos prestanombres del ex gobernador priísta Roberto Borge Angulo, quienes habrían operado recursos de procedencia ilícita, toda vez que sus ingresos no corresponden a las inversiones que realizaron durante esa administración.
De los involucrados destacan la madre del político, María Rosa Yolanda Angulo Castilla; el abogado de la familia, César Celso González Hermosillo y Melgarejo, y la secretaria María Lourdes Pinelo Nieto.
Fabiola Cortés, abogada y fundadora de la organización, afirmó que uno de los hallazgos más recientes es la adquisición de un predio de más de 15 mil metros cuadrados —propiedad del estado— por un monto de 8 millones de dólares para la construcción del hotel The Westin Cozumel, por parte de la sociedad Isla Cabañas, representada por Édgar Manuel Méndez Montoya, ex compañero universitario del priísta, y Juan González Angulo, tío del también ex gobernador tricolor Félix González Canto.
Sin embargo, ninguno de ellos, según datos reportados al Servicio de Administración Tributaria (SAT), posee ingresos que sustenten la conformación de la sociedad, la compra del terreno ni la edificación del inmueble.
María Rosa Yolanda Angulo Castilla es señalada por la compra de un terreno de aproximadamente 111 mil metros cuadrados, con 600 metros de playa, también propiedad del estado a 15 millones de pesos que posteriormente cedió a la empresa Siyenat del Caribe, encabezada por César Celso González Hermosillo y Melgarejo y José Héctor Morín Lázaro.
El pasado domingo, EL UNIVERSAL reveló que el Instituto del Patrimonio Inmobiliario de Quintana Roo (IPAE) le vendió a 137 pesos el metro cuadrado, cuando el valor comercial asciende a 200 dólares.
Asimismo, César Celso González y Franco González Padrón —también tío de Félix González Canto— son señalados por constituir la empresa Impulsora Marítima de Quintana Roo y del Caribe, para la que se compraron dos embarcaciones por aproximadamente 5 millones de dólares.
Las pruebas presentadas fueron las actas constitutivas de las compañías y los contratos notariados.
La activista dijo que también fueron denunciados los notarios que expidieron las actas, ya que según la Ley Federal para la Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, tienen la obligación de informar al SAT los movimientos cuando superen determinada cantidad, “corresponderá a la PGR llamarlos y saber si efectivamente lo hicieron”.
La asociación pide que —como parte de las medidas cautelares— se inmovilicen las cuentas bancarias de los implicados, el embargo de sus bienes y que se impida la salida de Borge Angulo de Cozumel.
Fabiola Cortés señaló que presuntamente también está involucrado el ex gobernador Félix González (2005-2011), puesto que considera que la relación de dos familiares directos de éste con las operaciones no son fortuitas.
Además, se presentó otra querella relacionada al destino de 7 millones de pesos por parte del Fideicomiso de Promoción Turística de la Riviera Maya y Cozumel a empresas fantasma, pues la organización comprobó que no existe su domicilio fiscal y no han reportado ingresos entre 2015 y 2016.
La tercera denuncia fue contra compañías que recibieron 80 millones de pesos para la construcción de caminos, los cuales no se realizaron.
La activista calificó la actuación del actual gobierno estatal, encabezado por Carlos Joaquín González, como fría. “Van más de dos meses [de que tomó posesión] y no tenemos expedientes que nos hagan presumir que Roberto Borge será procesado y restituirá el daño que ha causado a Quintana Roo”.
