Mujeres indígenas de las etnias huave, zapoteca, zoque, chontal y mixe del Istmo de Tehuantepec, en el sur de Oaxaca, se pronunciaron contra la política pasiva de los últimos tres sexenios, permitiendo el incremento de los casos de feminicidio.
La Red Interinstitucional de Prevención y Atención a Casos de Violencia Familiar y Sexual en la Región del Istmo de Tehuantepec, que integra a más de 35 organizaciones civiles y participan más de 100 indígenas activistas de las cinco etnias, mostró su preocupación por la falta de efectividad en los programas oficiales para frenar y atender los casos de violencia hacia las mujeres.
Beatriz Ramos Reyes, presidenta de la organización, dio a conocer que la violencia contra las mujeres en el estado de Oaxaca se incrementó de manera constante durante el gobierno de Cué Monteagudo (diciembre 2010 a noviembre 2016) se contabilizaron un total de 600 feminicidios.
Esta cifra se suma a los datos del periodo del ex gobernador José Murat Casab (1998-2004) que contabilizaron 429 asesinatos de mujeres, con Ulises Ruíz Ortiz (2004-2010) se contabilizaron 283 feminicidios.
En tres sexenios se han registrado mil 312 asesinatos de mujeres en el estado de Oaxaca.
“Para las organizaciones que conformamos la Red Interinstitucional, el alto grado de violencia en contra de las mujeres y niñas que evidencian las cifras da muestra de una violencia extrema producto de una sociedad machista, excluyente y patriarcal en el estado”, argumentó en conferencia de prensa Ramos Reyes.
Por su parte la organización zapoteca "Mujeres 8 de Marzo" de Juchitán, informó que en el municipio hay altos índices de violencia, que de acuerdo a los registros que poseen por la atención que brindaron durante un año, se determinó que en Juchitán la violencia psicológica es de 36.76%, la física 26.24%, la económica 26.52% , la sexual de 9.21% seguidos por la violencia patrimonial y laboral.
Por su gravedad, destacaron los feminicidios y las desapariciones de niñas y mujeres, que se incrementan de manera alarmante cada año sin que el gobierno del estado realice acciones resolutivas y contundentes para frenar estos hechos.
“Hay un largo camino por recorrer, hay retos que alcanzar en materia de política pública y leyes. Por tanto hacemos un llamado a las autoridades para que pongan en marcha el Centro de Justicia para Mujeres en Juchitán y su aparato administrativo y legislativo para garantizar la vida y seguridad de las personas y de manera específica de las mujeres”, exigió Natalia Sicarú Torres González a nombre de su organización.
