Al denunciar la presunta detención arbitraria, en Cancún, de más de 100 unidades registradas en su plataforma, la empresa UBER reclamó que para recuperar los vehículos se les aplique la multa más alta, que asciende a casi 60 mil pesos y, sugirió, que el gobierno de Quintana Roo, tal vez intente “sanear” sus finanzas, quebradas por la administración del ex gobernador, Roberto Borge, a través de estas sanciones.
“Claramente estas detenciones no tienen el objetivo de velar por la seguridad de Cancún, ni por los intereses de la mayoría, especialmente dado que los socios cancuneses detenidos arbitrariamente están siendo sancionados con la multa más amplia posible de 58 mil pesos, afectando directamente la economía de los cancunenses.
“Esto nos obliga a cuestionar la verdadera intención de estos actos. ¿Se trata de sanear las finanzas públicas de Quintana Roo de la misma manera que el gobierno anterior, las vació, con abuso de autoridad?”, cuestionó la compañía, a través de un comunicado de prensa, emitido este martes.
Uber informó hoy que durante la última semana, la Secretaría de Infraestructura y Transporte (Sintra), confiscó más de 100 vehículos que brindan el servicio de transporte, a través de su plataforma; 96 de ellos trasladaban a ciudadanos de Cancún.
Figuran en la lista dos patrullas de seguridad privada contratadas previamente para resguardar la seguridad de los socios operadores de la empresa, en esta ciudad.
“Tan sólo en tres días, durante un período vacacional en el que más se necesitan opciones de movilidad para locales y turistas, 68 vehículos fueron confiscados”, indicó la compañía, que invocó los resultados de una encuesta realizada por Buendía y Laredo, que arroja que el 77 por ciento de las y los ciudadanos participantes, considera que Uber “beneficia a la ciudad”.
También se citan las 31 mil firmas electrónicas que se recopilaron para respaldar la operación de la plataforma en Cancún.
Las detenciones incluyen violencia física en algunos de los casos y han afectado a ciudadanos que conducen su automóvil particular y van a recoger a familiares o amigos en algún sitio, sin siquiera formar parte de la plataforma de servicio de transporte.
Por separado, algunos de los socios operadores de Uber han manifestado que, al intentar recuperar sus vehículos, detenidos por Sintra, además de cobrarles las multas más altas, se les proporciona un número de cuenta particular, no oficial, para que hagan el depósito de los casi 60 mil pesos de sanción.
EL UNIVERSAL intentó obtener la postura del secretario de Sintra, Jorge Portilla Manica o del delegado de la dependencia en la zona norte, Alejandro Ramos, pero no hubo respuesta.
Sin embargo, la posición de la autoridad, hasta el momento, es que Uber no cuenta con la concesión legal para brindar el servicio de transporte, pues si bien es una plataforma digital, es operada por particulares que, a su vez, requieren de dicha concesión, por lo que han desplegado operativos para detener a las unidades.
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