La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) clausuró de manera total temporal el predio conocido como “Amansala o Casa de Miel”, en Tulum, Quintana Roo, debido a actividades de construcción sin la autorización en materia de impacto ambiental correspondiente que emite la Semarnat.
Durante una visita de inspección, personal de la dependencia federal observó y cuantificó una afectación de mil 693 metros cuadrados, ocasionado por la edificación de una barda perimetral de mampostería, un restaurante denominado “La Chiquita”, un bar, bancas de concreto, 5 edificios de tres niveles, dos palapas y una bodega.
El predio se encuentra ubicado entre dos áreas naturales protegidas de suma importancia para la región: el Parque Nacional Tulum y la Reserva de la Biósfera de Sian Ka’an.
Los inspectores constataron la colocación de pilotes de madera en la Zona Federal Marítimo Terrestre (Zofemat), los cuales fueron cubiertos por una barda de zacate, para que no se apreciara la afectación.
Sin embargo, después de la visita de inspección se pudo observar que la obra se encontraba en proceso dentro de la Zofemat, la cual serviría para soportar una plataforma de madera en donde posteriormente colocarían camastros y sombreaderos. Entre las construcciones se encontraron remanentes de vegetación natural, en donde destacan especies como la Palma chit, Soyate despeinado y Mangle botoncillo, todas ellas consideradas especies de alto valor ecológico en vías de degradación y que están enlistadas en la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010, bajo la categoría de Amenazadas.
Estas especies pertenecen a un ecosistema que se distribuye en franja paralela a la línea del Mar Caribe, compuesto por matorral costero de palmar con duna costera, interaccionando con otras especies como lo son la Palma nakax y la Uva de mar, conformando ecosistemas de gran valor ambiental debido a que participan en la formación y mantenimiento del litoral, contribuyendo cada año a resistir los embates de huracanes y evitando la erosión del suelo y el arrastre de la playa.
El establecimiento de obras sin regulación ni valoración de impactos ambientales reduce la biodiversidad, por lo que la Profepa colocó sellos de clausura para prevenir que se continúe la afectación a los recursos naturales.
Se establecerá vigilancia continua en la zona para evitar que se sigan ampliando este tipo de desarrollos habitacionales sin las correspondientes autorizaciones ambientales. Se impondrán medidas de restauración para lograr la recuperación del ecosistema.
En seguimiento a esta clausura, se elaborarán las denuncias penales correspondientes que, de acuerdo al Código Penal Federal, podrían alcanzar penas desde uno a nueve años de prisión y de 300 a 3 mil días multa; de acuerdo con la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA) se sancionan hasta con 50 mil salarios de multa.