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El Juzgado Cuarto de Distrito del estado negó a Impulsora Marítima de Quintana Roo y del Caribe un amparo que buscaba evitar la clausura impuesta por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente a la taquilla de venta boletos para cruzar de Playa del Carmen a Cozumel a través de los navíos de Barcos Caribe, cuyo presunto propietario es el ex gobernador Roberto Borge.
Barcos Caribe, creada por Franco González Patrón y César Celso González Hermosillo y Melgarejo —presuntos prestanombres de Borge Angulo— tramitó un amparo, solicitando dentro de los actos reclamados la suspensión de la medida cautelar, lo cual le fue negado.
Ayer la Profepa informó que la compañía no acreditó contar con la autorización expedida por la autoridad competente para ejercer la actividad de venta de boletos e información turística.
“Únicamente presentó una copia certificada de la licencia de funcionamiento expedida por el Ayuntamiento del Municipio de Solidaridad, con vigencia al 31 de diciembre de 2016.
“Sin embargo, de acuerdo con el Juzgado Cuarto de Distrito, dicho documento no acredita contar con ‘permiso estatal vigente’ para realizar la venta de boletos e información turística en el establecimiento”, indicó la dependencia.
Recordó que durante la visita constató la construcción de un módulo, que no exhibió la autorización de impacto ambiental que expide la Semarnat, lo que motivó la clausura total temporal.
De acuerdo con el acta constitutiva de Barcos Caribe, la empresa nació el 22 de junio de 2012, siendo los socios, Franco González y César Celso González, denunciados ante la Fiscalía General de Quintana Roo como prestanombres de Borge Angulo, por la organización “Somos tus Ojos”, en septiembre pasado.
El gobierno confirmó que ambos personajes figuran dentro de las denuncias que interpusieron ante la propia Fiscalía y la Procuraduría General de la República (PGR), la semana pasada.
Celso González es abogado de la familia Borge y aparece como socio de la secretaria del padre del ex gobernador, María Lourdes Pinelo, en la constitución de la inmobiliaria “Caracol 65”, señalada como beneficiaria de varios terrenos que le fueron vendidos por el Instituto de Patrimonio Inmobiliario de Quintana Roo (IPAE), de acuerdo con las denuncias penales de “Somos Tus ojos”.
